Imparable negocio de ropa usada

Es realmente alarmante el crecimiento del comercio de ropa usada, que en estimación de algunos entendidos ocupa a un medio millón de personas que viven vendiendo esa mercadería que satura los mercados del país, y que tiene su ingreso proveniente de Chile y su principal centro de acopio en poblaciones y en la misma ciudad de Oruro donde se la distribuye a los minoristas "ropavejeros".

El problema es que más de 200 mil familias, así es la cosa, dependen de este comercio, ilícito desde el punto de vista legal, cuando las operaciones de los capitalistas del gigante contrabando persisten, pese a la vigencia del Decreto Supremo 28761 aprobado el año 2014 y que no se ha cumplido ni en mínima proporción, puesto que la cantidad de comerciantes ha crecido y lógicamente se ha extendido el comercio de la prendería usada.

Se habla de operativos que detienen dos y hasta tres camiones, pero tras de estos por lo menos cinco o más siguen su camino hacia algunas poblaciones, caso de Sabaya en Oruro, donde efectúan una "neutralización" que sirve para descargar los grandes camiones y dividir centenares de fardos en transporte de menor tonelaje.

La importación y venta de ropa usada está prohibida en el país, pero los puestos de venta siguen abarrotados de ese producto y hasta es permisible que se expongan en negocios donde la oferta muestra prendas de "temporada" y de "última moda", por lo mismo el negocio no se detiene, y el D.S 28761 simplemente es un florero en algún mueble aduanero.

Este asunto tiene un fuerte componente social, y es que permite un modo de subsistencia a medio millón de desocupados, gente que gana "al día", que regularmente no genera conflictos sociales, que soluciona muchas restricciones en compradores de bajos recursos que acceden a prendas de variado uso y diversa utilidad, que está al alcance de un alto porcentaje de la población.

Vendedores de prendería usada han pedido anular la prohibición del comercio de ropa usada, en tanto el Gobierno tenga las condiciones favorables para colocar en fuentes de empleo seguras al enorme contingente de ropavejeros, un planteamiento que es analizado en las instancias pertinentes, desde hace algún tiempo, sin que se definan instancias legales sobre el tema, salvo el discreto silencio oficial y una disimulada permisibilidad para que la ropa usada siga siendo sostén económico de un alto porcentaje de la población desocupada.

Cuando los dirigentes de este sector de comercio "semi legal" defienden sus posiciones de actividad, hablan de los denominados empleos directos, pero suman los indirectos que también son parte del negocio y corresponde a lavanderas, planchadoras, transportistas, estibadores y los vendedores mayoristas, que hacen posible la continuidad del negocio con miles de revendedores.

Los comerciantes de prendería usada, muestran su deseo de formalizar sus actividades e incluso incorporarse a un régimen tributario que les permita contribuir al desarrollo nacional. Un problema mayúsculo, con aristas muy pronunciadas, afectando de todos modos a un sector de nuestra industria, pero al mismo tiempo, permitiendo la subsistencia de miles de familias.

Fuente: LA PATRIA