Democracia y judicialización de la política

La Política como ciencia y derecho debería ser separada siempre en un Estado de derecho constitucional, sin embargo esto no ocurre en la realidad. En la década reciente, se ha instalado en el vocabulario de la ciencia política la expresión "judicialización de la política". Mediante esta noción algo equívoca se alude a la creciente importancia que han adquirido las cortes de justicia en el campo político. A causa de ello, conflictos que antaño eran resorte de las ramas ejecutivo y legislativo del Estado -o de partidos políticos, sindicatos y otras instancias-, son ahora resueltos "en sede judicial", por tribunales de todo tipo, que utilizan el lenguaje de los derechos. Por otra parte, el concepto se usa también para describir la creciente asertividad de las cortes de justicia frente a casos de corrupción política, en que jueces y fiscales persiguen sin distinciones a dirigentes políticos.

El interés en este nuevo ámbito de la política ha sido especialmente marcado en la literatura sobre transición y consolidación democráticas que en los últimos años ha enfatizado el rol que pueden cumplir las cortes en limitar el poder de los gobiernos a beneficio de los derechos individuales, ampliamente considerados como importantes factores en la consolidación y profundización democráticas.

La judicialización de la política es un fenómeno multifacético y que reviste distintas significaciones, dependiendo de la modalidad de la cual se trate, así como del contexto en el que se desarrolla. Difiere sustancialmente dependiendo de si se produce a propósito de cortes constitucionales que se involucran en el diseño e implementación de políticas públicas. Asimismo, la dinámica de la judicialización varía significativamente dependiendo de si se da en el contexto de democracias consolidadas o en democracias emergentes.

Es trascendental considerar la judicialización de la política en Estados embarcados en procesos de consolidación democrática, específicamente respecto del rol de las cortes en el control de la supremacía constitucional. El interés por este aspecto del fenómeno surge de las democracias fuertes, los que dieron lugar a sendos mecanismos de control judicial de la Constitución, convencidos de que ello contribuiría a someter a las autoridades políticas al imperio del derecho. Aun cuando las modalidades y mecanismos de revisión judicial de la Constitución difieren de la forma de enfocar legal y jurídicamente, nace la necesidad de imponer controles jurídicos al poder político en defensa de los derechos humanos, para ello será necesario trabajar en apego a la Constitución a las leyes y la normativa jurídica como un mecanismo para apoyar en los procesos de consolidación democrática.

A comienzos de la década de los noventa, la democracia como sistema político parecía haber llegado a su cima, ya que por esos años culminaba lo que se conoció como la "tercera ola de la democracia", llamada así porque docenas de países establecieron democracias electorales en esa época. Como resultado de este proceso, por primera vez en la historia de la humanidad hubo más personas viviendo bajo regímenes democráticos que sujetos al autoritarismo. A pesar del gran entusiasmo inicial creado por esta ola democratizadora, al poco tiempo, estudiosos de los procesos democráticos comenzaron a cuestionar el estatus de muchos países de la "tercera ola", argumentando que más allá del rótulo de democráticos, muchos eran autoritarismos disfrazados.

El surgimiento de este tipo de regímenes puso al concepto de democracia en el centro de la discusión, que enfatiza la libertad electoral y la competencia entre distintas opciones políticas como sus elementos constitutivos dados en los procesos democráticos períodos en que las autoridades son elegidas mediante elecciones libres y competitivas, pero también existe gran insatisfacción por el carácter autoritario de estos gobiernos, que una vez elegidos anteponen a la voluntad del soberano sus intereses personales, económicos y de partido político, y dan lugar a la violación de derechos constitucionales propiciando la división, discriminación y penalización de actos consagrados en la Carta de DD.HH., dando lugar a la judicialización de la política.

La respuesta a la experiencia cada vez más frecuente de autoridades que -aunque llegadas al poder mediante procesos democráticos-, gobiernan luego con total olvido de las normas legales o constitucionales, que supuestamente regulan el ejercicio del poder político, fue un profundo cuestionamiento a la concepción puramente electoralista de democracia.

Este tipo de regímenes origina un descontento e insatisfacción democrática social, que no se limita a que en estas nuevas democracias los gobernantes abusen de su poder una vez elegidos, sino que su proceder también amenaza la viabilidad futura de la democracia electoral. En otras palabras: "la corrupción masiva y otras iniquidades socava la democracia electoral" la misma, que convierte en insegura la supervivencia de estos regímenes.

En este tipo de "democracias autoritarias", vastos segmentos de la población, generalmente los pobres, la población rural y los miembros de las minorías étnicas, son tratados con indiferencia y brindan poca importancia a los problemas de trabajo, educación y salud.

Las similitudes incluyen violación de los derechos humanos por parte de la policía, falta de acceso al sistema judicial, -"considerado corrupto"-, y la existencia de un trato arbitrario por parte de funcionarios deshonestos, particularmente vinculados al ejecutivo.

En estas circunstancias, la toma de conciencia del soberano acerca de la verdadera naturaleza de estos regímenes, llevó eventualmente a negarles el carácter de democráticos. "En vigencia de un Estado de Derecho", ningún régimen debería ser llamado democrático, si los funcionarios del poder ejecutivo, -elegidos libremente-, concentran el poder en pocos, infringen la Constitución, violan los derechos de los individuos y de las minorías, ejerzan presión en los poderes legislativo, juridicial y electoral".

(*) Ingeniero