Martes 20 de junio de 2017
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La corrupción, en términos de la Academia de la Lengua Española, es "?práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Para Armando Morales, un destacado economista boliviano, "es un mal social inherente a la administración de los recursos públicos porque no cumple con el postulado de la racionalidad económica, que está presente en los intercambios libres de los agentes económicos". Son conceptos claros, abarcan una multitud de variables, pero no alcanzan a desnudar todo el contenido del término corrupción en una situación del ayer y contemporánea, ya que prescinden de señalar su principal forma: la ineficiencia, la que generalmente se considera como un mal menor, cuando en realidad lleva a la debacle de las sociedades, al gastar ingentes recursos en el sostenimiento de una multitud de agentes públicos que cumplen mediocremente sus funciones, retrasando trámites urgentes y perjudicando la marcha de la economía y de otras esferas públicas. Así, el mañana, señalado como el futuro lleno de luces y certidumbre, de la felicidad plena, se convierte en una práctica ruin y absurda. Entonces, el ser humano ya no es más gestor de su destino, aunque sea a la fuerza, sino es un despojo del consumismo.
Generalmente, el político común, al momento de decidir la asignación de los recursos públicos, considera que puede beneficiarse, pero porque la sociedad lo permite. Al final aliviarse de trámites morosos, con un pago mínimo o medio, es mejor que anclarse en la incertidumbre burocrática. O sea que la gente que gobierna, o los ciudadanos simples, están tentados a desviar los recursos ajenos en su propio o ajeno beneficio, lo cual da lugar al fenómeno de la corrupción pasiva o activa. La experiencia de muchos países en el campo de los programas sociales, a cargo del Estado, también demuestra ineficiencia que es la forma perversa de corrupción.
Hasta un señalado mandatario latinoamericano, el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, afirmó que los ex dirigentes del Fondo Indígena no debieran ser procesados por la justicia y cargó la responsabilidad en los técnicos a quienes atribuyó los problemas e irregularidades que se presentaron en la entidad manejada por las organizaciones sociales afines al MAS. "He visto proyectos bien ejecutados, pero sin descargos, ahí viene la Contraloría ¿qué hicieron? Pobre dirigente, el responsable es el dirigente pero no el técnico, aquí deberían procesar a los técnicos y no a los dirigentes". No obstante, la corrupción empieza desde el que designa para cargos a personas sin ninguna o poca competencia. ¿Acaso solamente por su lealtad política deben hacerse cargo de funciones fundamentales para el Estado los ignorantes? ¿Acaso no debieran prepararse primero? Los funcionarios públicos, en cargos dirigentes de segunda categoría, debieran ser designados por competencias funcionales y no por adscripción política.
