Odebrecht controlaba en Ecuador proceso de contratación y control

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La corrupción de la empresa Odebrecht en Ecuador se constituyó "en un entramado de aparente legalidad en los procesos precontractual, contractual y de control", afirmó hoy (ayer) el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

"En el fondo se configuraba una red que manipulaba contratos, ocultaba sobornos y anulaba el control posterior que se lo llegó a conocer únicamente cuando una persona de la misma empresa develó estos actos", dijo el fiscal.

Baca Mancheno, fue convocado hoy (ayer) a la Asamblea dentro del proceso de verificación que este organismo lleva adelante, para fiscalizar todo lo relacionado con el caso Odebrecht, por el que ya hay seis detenidos en este país, uno de ellos bajo arresto domiciliario.

La última intervención de la Fiscalía se produjo el miércoles con el allanamiento de la empresa municipal Metro de Quito, un proyecto en el que participa la firma brasileña.

Y reveló que según datos del Servicio de Rentas Internas, desde el 2015 hasta finales del 2016, unos 3.000 millones de dólares habrían salido a paraísos fiscales, lo que equivale a 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la sesión, el fiscal general se abstuvo de presentar pruebas concretas sobre el caso o las personas investigadas, apelando al secreto de sumario, dado que las investigaciones se encuentran en la fase previa de indagación.

Pero explicó que "existen cinco expedientes abiertos sobre el caso Odebrecht, por concusión, asociación ilícita y lavado de activos".

"Conforme avance la investigación, éstos no serán necesariamente los únicos procesos, pues, en cualquier instancia la justicia ecuatoriana podrá abrir otros", apuntó.

A modo de resumen estadístico, señaló que existe un acumulado de 602 cuerpos procesales, más de 60.000 documentos, casi setenta versiones, dieciocho allanamientos, ocho personas procesadas con formulación de cargos, 26 asistencias internacionales, se han dictado dos arrestos domiciliarios, dos indagaciones previas, dieciséis órdenes judiciales, 442 diligencias, y seis personas privadas de libertad.

Fuente: Quito, 16 (EFE)