Viernes 16 de junio de 2017
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A $us 7.550 millones asciende el monto de los proyectos de inversión que cuentan con aprobación ambiental, pero cuya ejecución está retenida por demandas interpuestas en los tribunales por las comunidades cercanas. Se trata de iniciativas en el sector energético, minero, industrial, portuario, inmobiliario y de infraestructura que, de llevarse adelante, generarÃan 30.631 empleos en etapa de construcción y 7.418 en operación, de acuerdo con un estudio del bufete Vergara, Galindo y Correa, que presentaron en Icare el abogado Javier Vergara y el economista Jorge Hermann.
La inversión que contemplan estos proyectos equivale a un 3% del PIB y, según cálculos de Hermann, su materialización darÃa un impulso adicional de 0,3% anual al crecimiento del PIB en dos años, suponiendo que la mitad se realiza el primer año y el resto al año siguiente.
En total, son 21 las demandas por reclamación en contra de las resoluciones de aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que al 15 de mayo se encontraban radicadas en los tribunales ambientales y Corte Suprema. Entre ellos, el de continuidad operacional de Candelaria en la Región de Atacama ($us 460 millones); el aumento de capacidad del terminal GNL de Quintero ($us 300 millones); puerto Cruz Grande, en Coquimbo ($us 250 millones); continuidad operacional de Cerro Colorado, en Tarapacá ($us 467,2 millones); el mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria Santiago-Rancagua ($us 277 millones); la nueva lÃnea de tendido eléctrico Charrúa-Ancoa entre Maule y BiobÃo ($us 140 millones); y el plan de expansión Cardones-Polpaico en las regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Metropolitana ($us 1.000 millones).