Resulta realmente controversial la explicación que surge en el más alto nivel del gobierno al justificar la maratónica sesión para aprobar la Ley Transitoria de Autonomías modificando el contenido de varios artículos del primer proyecto que ahora pone en duda la suerte de algunos gobernadores, justamente los de oposición, que jurarían a sus cargos y de inmediato serían observados en la instancia legislativa al amparo de una Ley forzada.
Se cambió el tenor de más de dos artículos, pero especialmente el octavo y el décimo referidos precisamente a la toma de juramento de los gobernadores y los motivos por los que luego pueden ser suspendidos. En realidad se trata de una verdadera tramoya, con todos sus elementos para facilitar un acto teatral de especial contenido político.
Los incisos de los artículos corregidos muestran claramente la intencionalidad oficial de anular a los gobernadores de oposición con una simple denuncia que puede ser orquestada en cualquier nivel y que con sólo llegar a la Asamblea ya tiene valor de tratamiento especialmente en contra de los opositores.
Los asambleístas del oficialismo, que todavía tienen dudas sobre las decisiones adoptadas y los efectos de su carga partidaria, se preocupan de aclarar ante la opinión pública en general en sentido de que “la intención no es afectar a la oposición, menos a las autoridades electas por el voto popular”, sin embargo luego de un sencillo análisis lo que se detecta no es otra cosa que anular a los gobernadores de la “media luna” para encauzar “futuros gobiernos regionales” que respondan a las exigencias del Poder Ejecutivo y no a la decisión del voto popular que arrojó cifras muy importantes para ratificar la vigencia de procesos autonómicos que ya se definieron por voluntad popular”, y que ahora se piensa ignorarlos para imponer -como en otros tiempos- un gobernador afín al Estado” y con pocas posibilidades de alcanzar objetivos departamentales”.
En realidad ahí está la “piedra en zapato ajeno” y con características alarmantes, pues lo que se vislumbra se convertiría en un franco atentado a la democracia y un desconocimiento del valor que tiene el voto popular y que se lo toma en cuenta sólo si apoya fines partidarios, de lo contrario no sirve y debe anularse en la consigna ya lanzada y aprobada velozmente para su aplicación.
La parte controversial es que en el más alto nivel gubernamental, pues se trataba del mandatario en ejercicio, advirtió que “los gobernadores de la oposición no lograrán inmunidad y por tanto deberán someterse como cualquier autoridad a procesos de investigación”. Agregó que “El Presidente y el Vicepresidente somos también objeto de investigación y fiscalización y nos sometemos a lo que establece la Ley y la Constitución”.
La apreciación va más allá cuando a propósito de la inmunidad dijo que “sólo Dios tiene inmunidad…los mortales no”, lo que arrancó de inmediato una respuesta nacida en la duda ciudadana y esa parte valiosa de la enseñanza del Hijo de Dios, cuando señalaba “el que esté libre de pecado, lance la primera piedra”. ¿Será cierto que en el país se abre ahora la posibilidad de formular denuncias sobre corrupción y que las mismas tengan el mismo y veloz tratamiento de interrupción de mandato y su posterior juzgamiento en tribunales de garantizada independencia? Si es así, algunas cosas pueden suceder antes que finalice este mes.
Fuente: LA PATRIA
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