Rosa era una anciana que vivÃa en la localidad de Reus, en España. Acumulaba varios impagos del recibo de la luz, porque no tenÃa recursos suficientes para hacerse cargo de las facturas. Después de pasar dos meses sin electricidad, falleció en un incendio en su casa por culpa de una vela que utilizaba para alumbrarse. Gas Natural Fenosa (GNF), la empresa que cortó el suministro eléctrico, deberá pagar una multa de 500 mil euros por su responsabilidad en la muerte de Rosa.
La Agencia Catalana de Consumo, ha sancionado a GNF por infringir la ley que obliga a las empresas que proveen servicios básicos, a alertar a las autoridades antes de cortar el suministro y asà detectar posibles casos de exclusión y emergencia social. La compañÃa no pidió un informe de vulnerabilidad sobre Rosa, lo que supone un error muy grave, ya que los servicios sociales no pudieron actuar y comenzar con los planes de asistencia para personas con dificultades económicas. GNF lejos de admitir su responsabilidad, culpó de la tragedia a la administración, ya que "la ley no está en condiciones de ser aplicada", afirmó Rafael Villaseca, consejero delegado de la empresa. Por su parte, la organización de consumidores Facua, ha presentado una queja para que se lleve a cabo una inspección de todo el sector eléctrico y se evalúe si se cumple la legislación.
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La multa por la muerte de Rosa supone un gasto insignificante para GNF, que ingresó en 2016 con más 23 mil millones de euros. La eléctrica forma parte de un oligopolio que establece unos precios desorbitados "gracias a una regulación energética dictada por las propias compañÃas del sector", denuncia Rubén Sánchez, portavoz de Facua. La factura de la luz se ha encarecido en los últimos años un 73%, frente al 33% de la zona euro, lo que convierte a la electricidad en un bien menos accesible. Cada año, GNF retira el servicio eléctrico a casi 150 mil personas, pero la pobreza energética afecta a muchas más. De hecho, 5 millones de personas no pueden calentar su vivienda en invierno, según un estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales.
José Luis Velasco, miembro del Observatorio CrÃtico de la EnergÃa, defiende el desarrollo de planes para reestructurar las tarifas de gas y electricidad, bolsas de dinero público para pagar las facturas, o incentivar el autoconsumo. Pero es muy difÃcil que se consigan estos objetivos sin el compromiso de las autoridades para poner fin a los abusos de las compañÃas eléctricas. En concreto, GNF acumula diversas multas por competencia desleal, recibe subvenciones por proyectos sin terminar y préstamos con intereses muy reducidos, utilizan subcontratas para ahorrar en costes salariales, e incluso tiene 16 filiales en paraÃsos fiscales, según Oxfan Intermón.
Los gobiernos deberÃan garantizar que todas las personas puedan acceder a un suministro fundamental como es la energÃa, que permite a las personas vivir y desarrollarse con dignidad. El problema surge cuando el interés monetario sustituye al bien común y la responsabilidad cÃvica. Si ex presidentes y ministros acaban en consejos de administración de compañÃas como GNF, se preocuparán por beneficiar a esas empresas, en lugar de defender los intereses y derechos de la ciudadanÃa y, sobre todo, de los más vulnerables.
(*) Periodista
Twitter: @JmGomezVallejo