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Domingo 11 de junio de 2017

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Domingo 11 de junio de 2017
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Comunarios Urus afirman que lado Este del lago Poopó sigue seco
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Modificación presupuestaria marcha pese a desaprobación del Concejo
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Recogen 100 toneladas de basura en el lago Titicaca
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Médicos y Gobierno reiniciarán diálogo para formular Ley Marco de Salud
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Para consolidar autonomía indígena
Uru Chipayas definirán con "Chak parla" fecha para elección de sus autoridades
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Propuesta de turismo comunitario Uru debe ser fortalecida de forma continua
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En Oruro tienen más de 30 años de permanencia:
Alcohólicos Anónimos celebraron 82 años trabajando en el mundo
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Scouts "Anglo Americano" celebran 35 años comprometidos con la sociedad
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Oruro será el cuarto departamento que trabaje en "Nuevas Masculinidades"
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Programa "Mi Salud" cumple 3 años con más de 443 mil atenciones
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Hoy se conocerán a líderes regionales
Con 390 delegados comenzó Congreso Ordinario para elegir nuevo directorio cívico
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Según datos de la DIO de enero a mayo:
Violencia psicológica tiene mayor incidencia en mujeres y niños
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Alcaldía descarta sobreprecio en trabajos de la plaza Pagador
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En campaña para recolectar alrededor de 1 tonelada de pilas
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Desde la Brigada Parlamentaria
Preparan proyecto de ley nacional que declare área protegida al lago Poopó
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Comisiones analizarán ley de restricción vehicular en un plazo de 30 días
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Editorial
Denuncian injerencia en sindicatos
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Picadas
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RECUERDOS DEL PRESENTE
Gas ¿para los bolivianos?
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Vivir a oscuras
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Orden jurídico y corrupción
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COLUMNA VERTEBRAL
La Haya no es el final del camino
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Ningún día debería ser un día desperdiciado
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Alcaldía garantiza mantenimiento permanente de unidades educativas
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Puestos de venta en la U.E. España serán regulados en su asentamiento
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Industria farmacéutica boliviana satisface el 76% de la demanda
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Fedjuve
Unidad de Mercados debe ser parte de solución al conflicto de Rumy Campana
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Tahuamanu se cierra y paga beneficios a 350 trabajadores
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Inició el proceso de preselección de postulantes a magistrados
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Implicado en soborno a ex gobernador peruano negó reunión con Odebrecht
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Paraguay está "muy bien posicionado" a nivel internacional, dice canciller
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Después de 35 años
Los Chaskas hicieron vibrar al público orureño
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La música mexicana será parte del Festival del Solsticio de Invierno
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Payasos y magos deslumbraron a los niños en el Paraninfo Universitario
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Transportistas de cisternas en emergencia por atropello de la ANH
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Aumenta tensión en Camiri luego de fracasar mediación de la Iglesia
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Cocaleros del Chapare respaldan a Cocarico luego de incidente en Yungas
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Sólo el 32% de viviendas particulares en Trinidad cuenta con saneamiento básico
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Reglamento de la ley municipal 240 excluye fiscalización a viviendas familiares
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Defensa Civil entrega víveres a afectados por la nevada en Potosí
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Terroristas de Londres planeaban atentar con camión de gran tonelaje
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Yoga en favelas de Río reduce el estrés que provoca la violencia
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Alcalde de Bogotá pide disculpas a profesores agredidos en marcha
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Chavismo comienza remate para inscribir candidatos a la Constituyente
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Indígenas de Ecuador exigen indulto antes de aceptar diálogo con el Gobierno
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Temer respira con absolución electoral pero su mandato sigue amenazado
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Editorial y opiniones

Vivir a oscuras

11 jun 2017

José María Gómez Vallejo

Rosa era una anciana que vivía en la localidad de Reus, en España. Acumulaba varios impagos del recibo de la luz, porque no tenía recursos suficientes para hacerse cargo de las facturas. Después de pasar dos meses sin electricidad, falleció en un incendio en su casa por culpa de una vela que utilizaba para alumbrarse. Gas Natural Fenosa (GNF), la empresa que cortó el suministro eléctrico, deberá pagar una multa de 500 mil euros por su responsabilidad en la muerte de Rosa.

La Agencia Catalana de Consumo, ha sancionado a GNF por infringir la ley que obliga a las empresas que proveen servicios básicos, a alertar a las autoridades antes de cortar el suministro y así detectar posibles casos de exclusión y emergencia social. La compañía no pidió un informe de vulnerabilidad sobre Rosa, lo que supone un error muy grave, ya que los servicios sociales no pudieron actuar y comenzar con los planes de asistencia para personas con dificultades económicas. GNF lejos de admitir su responsabilidad, culpó de la tragedia a la administración, ya que "la ley no está en condiciones de ser aplicada", afirmó Rafael Villaseca, consejero delegado de la empresa. Por su parte, la organización de consumidores Facua, ha presentado una queja para que se lleve a cabo una inspección de todo el sector eléctrico y se evalúe si se cumple la legislación.

La multa por la muerte de Rosa supone un gasto insignificante para GNF, que ingresó en 2016 con más 23 mil millones de euros. La eléctrica forma parte de un oligopolio que establece unos precios desorbitados "gracias a una regulación energética dictada por las propias compañías del sector", denuncia Rubén Sánchez, portavoz de Facua. La factura de la luz se ha encarecido en los últimos años un 73%, frente al 33% de la zona euro, lo que convierte a la electricidad en un bien menos accesible. Cada año, GNF retira el servicio eléctrico a casi 150 mil personas, pero la pobreza energética afecta a muchas más. De hecho, 5 millones de personas no pueden calentar su vivienda en invierno, según un estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales.

José Luis Velasco, miembro del Observatorio Crítico de la Energía, defiende el desarrollo de planes para reestructurar las tarifas de gas y electricidad, bolsas de dinero público para pagar las facturas, o incentivar el autoconsumo. Pero es muy difícil que se consigan estos objetivos sin el compromiso de las autoridades para poner fin a los abusos de las compañías eléctricas. En concreto, GNF acumula diversas multas por competencia desleal, recibe subvenciones por proyectos sin terminar y préstamos con intereses muy reducidos, utilizan subcontratas para ahorrar en costes salariales, e incluso tiene 16 filiales en paraísos fiscales, según Oxfan Intermón.

Los gobiernos deberían garantizar que todas las personas puedan acceder a un suministro fundamental como es la energía, que permite a las personas vivir y desarrollarse con dignidad. El problema surge cuando el interés monetario sustituye al bien común y la responsabilidad cívica. Si ex presidentes y ministros acaban en consejos de administración de compañías como GNF, se preocuparán por beneficiar a esas empresas, en lugar de defender los intereses y derechos de la ciudadanía y, sobre todo, de los más vulnerables.

(*) Periodista

Twitter: @JmGomezVallejo

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