Incierto panorama socio laboral

Cuando avanzamos en el mes que marca la mitad de gestión, las cosas en el orden socio - laboral del país, no han mejorado sustancialmente y no porque se trate de seis meses de referencia, por ejemplo el problema del desempleo que proviene de gestiones pasadas, si bien ha disminuido en cierto porcentaje, no lo suficiente para tratar el caso como resuelto, al contrario se dan cifras muy altas y preocupantes en torno al desmedido crecimiento del trabajo informal.

Desde el lado empresarial se maneja este asunto como muy delicado y complejo, atribuyendo el hecho a la aplicación de un incremento salarial no consensuado con el sector empresarial que tiene la responsabilidad de mantener la mayor cantidad de trabajadores asalariados y debe hacerlo en condiciones no siempre favorables a su realidad económica.

La otra alternativa para equilibrar los gastos sociales será sin lugar a dudas dejar en suspenso contrataciones de personal, más si se trata de jóvenes, ya que las responsabilidades no permiten prácticas y se exige mayor rendimiento al personal con experiencia para salvar la parte de calidad productiva con reducción de inversiones.

El último acuerdo salarial, decidido entre la COB y el Gobierno, sin tomar en cuenta para nada al sector privado, acordó un aumento salarial del 7 por ciento al haber básico y 10.8 por ciento al mínimo nacional, determinación admitida por la dirigencia laboral que además asumió la responsabilidad de responder cualquier reacción negativa que pueda presentarse sobre el tema salarial.

Al respecto el sector empresarial señala que la decisión unilateral, fue tomada en un momento de desaceleración de la economía nacional y con el índice más alto de desempleo en los últimos ocho años, que alcanza actualmente al 4.1 por ciento. En testimonio de ejecutivos del sector empresarial, la situación precariza del empleo, viabiliza la informalidad y pone en riesgo a las empresas, lamentándose que en el tiempo inmediato se observará una reducción de inversiones, lo que ampliará el cauce hacia el trabajo informal, con un mayor número de "obreros cuentapropistas", que no tributan y que se mantendrán al margen de las leyes laborales, sin considerarse sujetos de conflicto y por lo mismo, como parte de un conjunto "inofensivo" en materia de confrontación laboral.

Así planteadas las cosas y tal parece sin remedio aparente para buscar un equilibrio en el sector privado, lo que viene de inmediato es el cierre de más pequeñas y medianas empresas (Mypes), mientras que en otras industrias es casi seguro que habrán despidos de personal, como consecuencia de una política salarialista que no contempló un tratamiento de partes para poder "balancear" los reales costos de sostenimiento financiero que no contemplan ni la COB, ni el Gobierno, creando condiciones negativas para el sistema productivo nacional.

Los conflictos sindicales saldrán a flote, pues mientras la ley laboral no permite los despidos "injustificados", los empresarios extremarán recursos para pagar el aumento salarial, pero a costa de sostener una precaria economía sin perspectivas de mayor rendimiento y beneficios laborales colectivos. Está visto que a mayor incremento desmedido de salarios, la consecuencia es inestabilidad laboral e inseguridad social.

Fuente: LA PATRIA