Caso taladros: Envían a la cárcel a los cinco imputados

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Cinco funcionarios suspendidos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fueron enviados este viernes a las cárceles de San Pedro y Palmasola en calidad de detenidos preventivos por el caso taladros, tras esta determinación su defensa anunció que apelará dicha resolución.

La decisión fue asumida por la jueza Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, después de que en una prolongada audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales del caso acusó a los imputados por los delitos de incumplimiento de deberes y uso de influencias.

Cerca de las 13:00 horas, la jueza cuarto Anticorrupción, Melina Lima, dictó la detención preventiva para los abogados Félix Bustos Martín y Gisel Siles Roca, además del gerente de Perforaciones, David Pérez, y el jefe de Unidad de Perforaciones, Bigmarck Serrano, en el penal de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, en tanto que el abogado Julio Kjari fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz.

Sin embargo, señaló que apenas es la etapa inicial del proceso, y que los imputados por los supuestos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, podrán presentar mayores elementos para asumir su defensa. En cuanto a la Fiscalía dijo que todavía quedan 11 personas por ser investigadas; es decir, 10 funcionarios suspendidos y el italiano Diego Bergonzi, representante legal de Drillmec.

Al respecto, el fiscal Rudy Terrazas señaló que los imputados no pudieron desvirtuar el riesgo procesal. Al ser consultado sobre cuándo serán investigados o imputados los máximos ejecutivos de YPFB, respondió que "se está analizando".

Entre los suspendidos de alto rango se encuentran el vicepresidente de la estatal, Jorge Patricio Soza, y la gerente de Contrataciones, Paola Oporto. En tanto, la directora legal corporativa, Cynthia Novillo, y Fabián Avilés, cabeza del Comité de Adjudicación, ambos mencionados en la audiencia, no figuran en la lista de suspendidos.

La jueza Lima fue duramente cuestionada por la defensa por no haber considerado las medidas sustitutivas a la detención, cuando todos los imputados demostraron el arraigo natural al presentar documentos de constitución familiar, de domicilio conocido y acreditado, pero también de trabajo suspendido, en cumplimiento a una resolución de YPFB, que apartó de sus cargos a 15 funcionarios, sin que ello implique la desvinculación laboral.

"Consideramos que esta resolución causa agravio, cuando dice que diferente hubiese sido que hubiésemos adjuntado certificaciones de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), estaríamos demostrando trabajo, lo que demuestra que su resolución es completamente incongruente", afirmó el abogado Mario Villafán, defensa de Siles.

Villafán fue secundado por su colega Norma Espejo, quien enfatizó que la jueza no consideró los descargos de los abogados procesados, quienes hicieron la enmienda a los Documentos Base de Contratación (DBC), realizada en cumplimiento a la orden expresa de la gerente legal corporativa, Cynthia Novillo, ni tampoco pudo demostrar el supuesto riesgo de que los procesados puedan destruir, manipular o influenciar en las pruebas de cargo.

Espejo también insistió en que la suspendida gerente de Contrataciones, Paola Oporto, podía aceptar o rechazar las enmiendas, con las que supuestamente se habría beneficiado la italiana Drillmec, para adjudicarse un contrato con YPFB por 148,8 millones de dólares, y que Fabián Avilés, cabeza del Comité de Calificación, también podría haber hecho objeciones al proceso.

Durante la audiencia se estableció que si bien la imputación es por dos tipos de delitos, también se incorporó daño económico al Estado, aunque no se haya desembolsado recursos para la compra de taladros, en mérito a la implicancia del caso.

La audiencia de medidas cautelares concluyó entre lágrimas de los imputados y sus familiares. Pérez aseguró ser inocente y víctima del abuso del poder. "Mi esposa está embarazada y tengo un hijo con discapacidad. Están vulnerando nuestro derecho al trabajo", señaló mientras lo esposaban junto a Serrano, de quien se conoció la muerte de su abuela, tras enterarse de su detención.

Los imputados están involucrados en las presuntas irregularidades que se registraron en la adjudicación de la empresa italiana Drillmec, para la compra de tres equipos de perforación.

Fuente: La Paz, 2 (ANF)