Aduana chilena se querella contra sus paisanos contrabandistas
01 jun 2017
Fuente: La Paz, 31 (ANF)
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El Servicio Nacional de Aduanas de Chile presentó una querella en contra de tres ciudadanos chilenos, que el pasado 19 de marzo intentaban introducir a Bolivia mercaderÃa de contrabando y luego terminaron denunciando a nueve funcionarios bolivianos que trataban de impedir esa acción ilegal y ahora están presos en el penal de Alto Hospicio.
Los tres chilenos son acusados por el presunto delito de contrabando en grado de autorÃa, complicidad y encubrimiento.
El documento de la denuncia confirma que la mercaderÃa provenÃa de la Zona Franca de Iquique y se pretendÃa ingresar a Bolivia por un paso fronterizo no habilitado.
Tras conocer el contenido de la querella, el abogado defensor de los nueve bolivianos detenidos, Claudio Vila, dijo que la acción judicial (planteada por Aduanas de Chile) ratifica que las supuestas "vÃctimas" de los ahora presos en realidad estaban cometiendo el ilÃcito de contrabando.
En ese sentido "los funcionarios bolivianos (dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional de Bolivia) sólo estaban ejecutando el control de ese delito", remarcó Vila, según una publicación de La Tercera.
En la querella se menciona que Castro se encontraba en una zona denominada Tulapampa acompañado por otras personas en un camión con "mercaderÃa que se pretendÃa ingresar por un paso fronterizo no habilitado".
En otro vehÃculo se encontraba Challapa, que esperaba junto a otros transportistas "las más favorables condiciones para la salida de las mercancÃas desde Chile hacia Bolivia".
En ese momento es que supuestamente los funcionarios bolivianos ingresaron al territorio chileno en vehÃculos y con armamento. Al ver ese operativo, los transportistas chilenos abandonaron el lugar, pero uno de los camiones fue interceptado.
Entonces presuntamente los bolivianos, mediante la intimidación y una acción violenta, "se apropiaron" de ese vehÃculo y su carga, dejando al conductor y su acompañante abandonados en pleno desierto.
Luego los bolivianos se llevaron el motorizado, sin embargo, un problema mecánico los obligó a detenerse poco antes del lÃmite, momento en que Carabineros los interceptó, tras haber sido alertados por los transportistas chilenos (contrabandistas).
Mientras surgen estas nuevas revelaciones, los nueve funcionarios bolivianos siguen presos en Chile y para el próximo 20 de junio está prevista una audiencia en la que se buscará nuevamente su liberación.
En los últimos dÃas se conoció que la FiscalÃa chilena ofreció a la defensa de los bolivianos someter el caso de los funcionarios a un procedimiento abreviado.
"Un ofrecimiento es el procedimiento abreviado, el cual no importa en la legislación chilena a diferencia de nuestro procedimiento, el reconocimiento de ninguna culpabilidad, no es correcta las declaraciones de un abogado chileno que tiene residencia en Santiago, que entiendo no representa más a nuestros connacionales, ha sido cesado justamente por un entendimiento incorrecto", declaró.
El Gobierno contrató los servicios de dos abogados Celedón y Claudio Vila para la defensa de los nueve bolivianos detenidos en la frontera con Chile el 19 de marzo, y enviados a la cárcel de Alto Hospicio.
El pasado 23 de mayo, el canciller chileno, Heraldo Muñoz informó que la FiscalÃa y la defensa de los nueve detenidos buscaban un proceso abreviado para dar solución a la situación de los connacionales.
El abogado Roberto Celedón explicó que el juicio abreviado no era admitir directamente la culpabilidad, pero sà admitir los hechos. "De acuerdo a la ley chilena, uno debe aceptar los hechos; los imputados deben reconocer los hechos por los que se les imputa. La calificación jurÃdica que se le ha dado la tiene que determinar el tribunal", dijo a Página Siete.
El hecho generó varias crÃticas en el paÃs, porque en el paÃs acogerse a un proceso abreviado es admitir culpa en las acusaciones del Ministerio Público y la justicia establece condenas más cortas.
Las familias de los detenidos observaron la propuesta, no aceptan que sus parientes admitan ningún hecho que los muestre como delincuentes. El Gobierno dijo que la decisión será de ellos, pero que no se trata de que se inculpen "jamás vamos a reconocer culpabilidad", dijo Arce.
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