Aduana chilena se querella contra sus paisanos contrabandistas

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile presentó una querella en contra de tres ciudadanos chilenos, que el pasado 19 de marzo intentaban introducir a Bolivia mercadería de contrabando y luego terminaron denunciando a nueve funcionarios bolivianos que trataban de impedir esa acción ilegal y ahora están presos en el penal de Alto Hospicio.

La querella fue presentada el pasado 19 de mayo ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte en contra de Roberto Castro, Sergio Arqueros y Mario Challapa, y la información se conoció recién de manera pública a través de los medios de comunicación de ese país.

Los tres chilenos son acusados por el presunto delito de contrabando en grado de autoría, complicidad y encubrimiento.

El documento de la denuncia confirma que la mercadería provenía de la Zona Franca de Iquique y se pretendía ingresar a Bolivia por un paso fronterizo no habilitado.

En ese sentido "los funcionarios bolivianos (dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional de Bolivia) sólo estaban ejecutando el control de ese delito", remarcó Vila, según una publicación de La Tercera.

En la querella se menciona que Castro se encontraba en una zona denominada Tulapampa acompañado por otras personas en un camión con "mercadería que se pretendía ingresar por un paso fronterizo no habilitado".

En otro vehículo se encontraba Challapa, que esperaba junto a otros transportistas "las más favorables condiciones para la salida de las mercancías desde Chile hacia Bolivia".

En ese momento es que supuestamente los funcionarios bolivianos ingresaron al territorio chileno en vehículos y con armamento. Al ver ese operativo, los transportistas chilenos abandonaron el lugar, pero uno de los camiones fue interceptado.

Entonces presuntamente los bolivianos, mediante la intimidación y una acción violenta, "se apropiaron" de ese vehículo y su carga, dejando al conductor y su acompañante abandonados en pleno desierto.

Luego los bolivianos se llevaron el motorizado, sin embargo, un problema mecánico los obligó a detenerse poco antes del límite, momento en que Carabineros los interceptó, tras haber sido alertados por los transportistas chilenos (contrabandistas).

Mientras surgen estas nuevas revelaciones, los nueve funcionarios bolivianos siguen presos en Chile y para el próximo 20 de junio está prevista una audiencia en la que se buscará nuevamente su liberación.

En los últimos días se conoció que la Fiscalía chilena ofreció a la defensa de los bolivianos someter el caso de los funcionarios a un procedimiento abreviado.

ABOGADO

El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que cesaron de sus funciones al abogado de Santiago de Chile, Roberto Celedón por sus declaraciones referidas a las implicancias sobre el proceso abreviado que ofreció la Fiscalía en el caso de los nueve detenidos.

"Un ofrecimiento es el procedimiento abreviado, el cual no importa en la legislación chilena a diferencia de nuestro procedimiento, el reconocimiento de ninguna culpabilidad, no es correcta las declaraciones de un abogado chileno que tiene residencia en Santiago, que entiendo no representa más a nuestros connacionales, ha sido cesado justamente por un entendimiento incorrecto", declaró.

El Gobierno contrató los servicios de dos abogados Celedón y Claudio Vila para la defensa de los nueve bolivianos detenidos en la frontera con Chile el 19 de marzo, y enviados a la cárcel de Alto Hospicio.

El pasado 23 de mayo, el canciller chileno, Heraldo Muñoz informó que la Fiscalía y la defensa de los nueve detenidos buscaban un proceso abreviado para dar solución a la situación de los connacionales.

El abogado Roberto Celedón explicó que el juicio abreviado no era admitir directamente la culpabilidad, pero sí admitir los hechos. "De acuerdo a la ley chilena, uno debe aceptar los hechos; los imputados deben reconocer los hechos por los que se les imputa. La calificación jurídica que se le ha dado la tiene que determinar el tribunal", dijo a Página Siete.

El hecho generó varias críticas en el país, porque en el país acogerse a un proceso abreviado es admitir culpa en las acusaciones del Ministerio Público y la justicia establece condenas más cortas.

Las familias de los detenidos observaron la propuesta, no aceptan que sus parientes admitan ningún hecho que los muestre como delincuentes. El Gobierno dijo que la decisión será de ellos, pero que no se trata de que se inculpen "jamás vamos a reconocer culpabilidad", dijo Arce.

Pero también hay otras salidas como el sobreseimiento y la vía diplomática y no la judicialización que ha decidido seguir el Gobierno chileno, posteriormente dijo Arce que Chile tendrá que asumir su responsabilidad en este caso.

Fuente: La Paz, 31 (ANF)