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Lunes 29 de mayo de 2017

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El aborto y las y los mensajeros de la muerte
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Editorial y opiniones

El aborto y las y los mensajeros de la muerte

29 may 2017

Adhemar Ávalos Ortiz

Desde siempre, la vida humana es un proceso esencialmente natural y en parte artificial debido al desarrollo de la ciencia, lo que nos lleva a profundas reflexiones filosóficas inmersas en un escenario complejo y contradictorio donde participan intensamente sectores intelectuales de distintas tendencias, pero fundamentalmente grupos de poder. La gente común está más preocupada de su supervivencia que de debates que generalmente ratifican las limitaciones de la democracia representativa y hasta de la participativa.

Y la muerte, tan común y difícilmente aceptada, es otro proceso, orgánicamente ligado al anterior, también natural, pero más artificial todavía como nos hace ver la historia desde hace miles de años. La interrupción brusca de la vida es repetida cotidianamente en la evolución no solamente del ser humano, pero sí por obra de éste en el caso de prácticamente todas las especies. Si bien en la Naturaleza puede tener un significado legítimo, en las sociedades humanas responde a otras causas e intereses, los que mayormente tienen que ver con el poder, desde el Estado y desde los grupos e individuos.

Cuando empezó a morir la sociedad primitiva, y surgió la propiedad privada sobre los medios de producción, desplegándose el reinado de la normativa, en principio no escrita y las más de las veces favorable a intereses de privilegiados; para facilitar la administración de las cosas, tipificar las contravenciones y delitos y sancionar a los infractores, además de empoderar la legitimidad del poder, generalmente espurio. Así, con disposiciones supuestamente legales, no consensuadas, sino impuestas, se hizo posible acortar la vida de manera aceptada voluntariamente o resistida por la gente. En el pasado se lo hizo de manera más burda y es un tanto sutil en el presente, pero igualmente brutal. Al final, el más fuerte, no exclusivamente de manera física, definía y define quién debe vivir y quién debe morir.

?ltimamente, en pleno siglo XXI, cuando la ciencia se ha desarrollado hasta límites impensables hasta hace pocas décadas y cuando los derechos humanos están en el centro del debate universal, se producen todavía discusiones absolutamente opuestas sobre cuando surge la vida humana y cuándo se puede interrumpir. Aquí se confrontan dos visiones contrapuestas: una biológica que afirma, con pruebas científicas, que la vida se inicia con la concepción, o sea cuando se unen un espermatozoide y un óvulo, y otra jurídica, subjetiva y generalmente arbitraria, que define el inicio de la vida en el instante del nacimiento, o sea que el feto humano no sería nada más que un ente sin ningún tipo de derechos dentro de los plazos fatales que permite la Ley para la ejecución del aborto (interrupción del ciclo vital) a partir de ciertas causales, cuatro en la actual normativa boliviana.

Para complicar este tema, en los últimos meses se han potenciado iniciativas de grupos feministas, la antítesis del tan condenado machismo, las que se han permitido promover, instalando el falso debate sobre el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, la ampliación de las causales de aborto hasta nueve, definiendo artificialmente el derecho de un bebé a la vida a partir de las 8 semanas de embarazo de la mujer, una cifra arbitraria y absolutamente anticientífica.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, continuando con sus ilegales actuaciones, por las que sus miembros serán juzgados en su oportunidad, ha dado luz verde a semejante despropósito y se apresta a sancionar en el Senado un crimen de lesa humanidad, hecho por el que las extremistas con cara de feministas y los parlamentarios que aprobaron y aprobarán las modificaciones a la normativa favorables al aborto indiscriminado no harán más que convertirse en mensajeros de la muerte en su versión más bárbara: privar de la vida a seres humanos inocentes. Por ello, las organizaciones y personas que defienden la vida desde la concepción, incluida la Iglesia en general, deberán ser actores decisivos de la derrota en los estrados judiciales, y en las calles, de criminales mimetizados en el régimen democrático, los que abusan de sus derechos y prerrogativas. Y no se debe olvidar: "No existe derecho mayor que el derecho a la vida".

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