Lunes 29 de mayo de 2017
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Se ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de creación de empresas sociales, que contiene más interrogantes preocupantes que posibles soluciones reales y efectivas. Se parte del principio de que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, y la obligación del Estado de establecer polÃticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación. Bajo estos preceptos, lo lógico es entender que también será polÃtica del Estado, precautelar el funcionamiento de las empresas económicas para que mantengan las fuentes de trabajo. La ecuación es sencilla: el empresario crea empresas con fuentes de trabajo y genera ingresos al trabajador y, obviamente, procura recuperar la inversión realizada.
Las empresas pueden caer en cesación de pagos, insolvencia y en el consiguiente mecanismo forzoso de ingresar a una liquidación, concurso o quiebra, por muchos factores. A manera de simple ejemplo, uno de los principales factores que aprietan la vida económica de una empresa es la exigencia tributaria más allá de lo razonable y posible, generando situaciones de incumplimiento forzoso en las obligaciones empresariales que perjudican al empresario y a los trabajadores. Otros factores que perjudican el funcionamiento y crecimiento empresarial, son las inauditas disposiciones legales de limitar exportaciones, con lo que se pierde mercados en el exterior y se perjudica directamente a la empresa productora, y asà podrÃamos seguir detallando las piedras y obstáculos que el mismo Gobierno pone al funcionamiento económico empresarial.
