Agresión económica contra Bolivia

El nuevo paro de funcionarios aduaneros de Chile, que se prolonga por cinco días, constituye una flagrante agresión a la economía boliviana, alterando seriamente sus operaciones comerciales de importaciones y exportaciones, además de castigar severamente a más de mil quinientos transportistas, varados en un territorio de naturaleza hostil, sin ayuda de ninguna clase, privados de alimento y adecuado abrigo.

No es la primera vez que se presentan estas situaciones altamente perjudiciales para el transporte nacional y su circulación, con carga hacia destinos en puertos del norte chileno, el caso de Arica, Antofagasta o Iquique, y a la inversa con variedad de productos y materiales para empresas en varias ciudades del país.

En aquella ocasión, se reclamó por las pérdidas causadas a bolivianos, exportadores, importadores y transportistas, sin que se logre un compromiso formal de resarcimiento de daños, aunque organismos del Estado chileno se comprometieron a "evitar en lo posible" que los paros sociales alteren las tareas relacionadas directamente con los servicios aduaneros y portuarios.

Una serie de reclamos se plantearon por parte de las autoridades diplomáticas de Bolivia, comisiones oficiales estuvieron en los puertos y a través de la cancillería se recordó a similar instancia del país vecino, la responsabilidad de cumplir con lo que estipula el Tratado de 1904, al referirse al "libre tránsito de mercadería por los puertos de Chile", sin obstrucciones de "ninguna naturaleza". No se respondió de manera oficial a ese requerimiento y el perjuicio fue patético con pérdidas muy altas de las que nadie se hizo responsable.

En la actualidad, el miércoles pasado se decretó un paro de labores por parte de funcionarios aduaneros, reclamando a su gobierno el cumplimiento de medidas socio laborales, entre las que se incluye una nivelación salarial. El asunto es de temática estrictamente interna que debería resolverse en esa instancia, sin que se afecten de ningún modo, las actividades portuarias que comprometen a terceros operadores internacionales, claramente a Bolivia que sufre el mayor impacto del incumplimiento del Gobierno chileno con algunos de sus sectores laborales.

El problema conlleva una serie de atentados contra los derechos humanos, cuando carabineros de Chile no permiten el abastecimiento de alimentos a los más de mil quinientos transportistas varados en la zona próxima a retenes aduaneros chilenos, y tampoco facilitan que estos transportistas puedan buscar cobijo en alojamientos próximos al bloqueo de operaciones. Evidentemente es un flagrante atropello a la salud y seguridad de miles de bolivianos.

Una vez más el Gobierno boliviano expondrá de manera formal su reclamo por los perjuicios que se ocasionan a transportistas, comerciantes e industriales bolivianos, con una determinación expresamente laboral e interna del país vecino y en abierto desacato a un Tratado vigente que Chile lo ignora ex profesamente. Alguna instancia internacional debe poner coto a estas arbitrariedades de lesa humanidad.

Fuente: LA PATRIA