Ahuyentando inversiones

Con justificada razón, ejecutivos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (Cepb), reaccionaron preocupados ante la aprobación por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, de un proyecto de ley que dispone "la entrega de empresas a los trabajadores por la falta de tres meses de salarios y el incumplimiento de beneficios conexos". El hecho ha sido calificado como una acción confiscatoria de la propiedad empresarial privada.

Lo que se observa a primera vista, es que el proyecto altera las previsiones contenidas en el art. 54 de la Constitución Política del Estado, y distorsiona el sentido de la norma constitucional, además que liquidaría cualquier posibilidad de una justa negociación en caso de conflictos extremos, como corresponde a situaciones emergentes por incumplimientos circunstanciales que pueden ser solucionados por acuerdo de partes, sin afectar el patrimonio empresarial.

De manera sugestiva no se dice nada específicamente de la situación de empresas del Estado, varias de estas en serias condiciones de operabilidad y con un registro en rojo en materia de utilidades, propiamente en colapso financiero que es solventado con recursos del Estado, o lo que es lo mismo con dineros del pueblo, lo que no correría si se trata de empresas privadas, que hacen esfuerzos por su sostenimiento, cumpliendo además con obligaciones sociales inapropiadas como pago doble de aguinaldos o incrementos salariales impuestos de manera directa sin consenso con el sistema productivo.

Las empresas privadas cumplen también y sin alternativa de ninguna clase, con un régimen impositivo que coloca "contra la pared" a los empresarios legalmente registrados, pero no tiene capacidad de presión sobre un enorme contingente del comercio informal e ilegal que no tributa como debería ser, lo que marca otro claro factor de inequidad en las responsabilidades de contribución al erario.

Sin embargo, el tema más preocupante es el efecto de aplicar una medida como la proyectada, y que repercutirá sin lugar a dudas en las menores posibilidades de inversión nacional o extranjera para nuevos emprendimientos, que significan fuentes de empleo y más recaudación tributaria, pero que no pueden someterse a condiciones inadecuadas en el orden de preservar capitales, para crecimiento de sistemas productivos de la industria o el comercio legalmente establecidos.

Hay una implícita inseguridad para cualquier tipo de iniciativa empresarial, pues en lugar de crear incentivos para atraer capitales, lo que se hace es ahuyentar tales opciones y mantener en rezago la necesidad de fomentar el crecimiento de más empresas en el país.

La reacción oportuna del empresariado boliviano, seguramente ha influido en la consideración del proyecto en la Cámara de Senadores, donde se ha dejado en suspenso el tratamiento de una ley claramente atentatoria al interés y seguridad que exigiría cualquier empresario con idea de disponer capitales, sabiendo que en casos extremos, está decidida su liquidación, sin derecho a ningún reclamo.

Lo que necesitamos en el país es preservar las empresas, crear condiciones favorables para atraer capitales y no medidas para ahuyentarlos.

Fuente: LA PATRIA