Las anteriores consideraciones nos conducen obligatoriamente a establecer, dos modalidades esenciales del sufragio: una activa que se traduce como vimos en la posibilidad de concurrir con su ejercicio en la selección de los representantes a los cargos de elección popular (derecho a elegir), y una pasiva que consiste en la oportunidad que le asiste a todo elector de ser elegido para esos cargos públicos, ofreciendo para ello su propuesta al resto de electores (derecho a ser electo), encontrándose ambos estadios de acción comprendidos en el ámbito del sufragio como derecho polÃtico. El sufragio se considera el ejercicio de derechos, consagrado en las leyes.
Los derechos polÃticos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanÃa nacional: derecho al voto en las elecciones y plebiscitos, derecho de elegibilidad, derecho de adhesión a un partido polÃtico, etc. Son los que posibilitan al ciudadano a participar en los asuntos públicos y en la estructuración polÃtica de la comunidad de que forma parte. El ejercicio de estos derechos en sede estatal, lejos de colocar al ciudadano electo en lejanÃa, separación u oposición a tal Estado, lo que hace es habilitarlo para tomar parte en la articulación y planificación polÃtica de la sociedad de la cual es miembro. Son derechos que están destinados a los ciudadanos para posibilitarles la participación en la expresión de la soberanÃa nacional; su fin primordial es evitar que el Estado (mediante cualquiera de sus funciones, ejecutiva, legislativa, judicial, electoral) invada o agreda ciertos atributos del ser humano.
Esta figura no obstante encontrarse en la actualidad plenamente arraigada en nuestra cultura democrática, fue producto de un proceso de madurez polÃtica que tomó muchos años en forjarse, pues en los inicios de su vida independiente, Bolivia tenÃa un modelo de sufragio que como veremos, no fue ni directo ni universal como lo es actualmente, prestándose inclusive en algunos casos, para manipulaciones electorales que si bien censurables, posteriormente ayudaron a entender su magnanimidad como elemento vital para la democracia.
Bajo esta tesitura ninguna nación del mundo que se atribuya una naturaleza democrática puede, en momento alguno, socavar o limitar el ejercicio o la pureza de este derecho-deber, que es precisamente lo que da vida a cualquier Estado democrático, pues no resulta exagerado pensar que un gobierno que no resulte instaurado de un proceso donde se haya plasmado la voluntad popular, no puede considerarse un verdadero gobierno.
¡Oferta!
Solicita tu membresÃa Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del dÃa en PDF descargable.
- FotografÃas en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.