Castigo antes que justicia

En 1986 apenas habían 5 canales de televisión, la mayoría de ellos con incipiente producción informativa, y muy escaso impacto mediático todavía. Para entonces en la ciudad de La Paz, las radios seguían siendo las dominadoras en cuanto a su peso específico en la opinión pública, de manera que cuando las noticias generaban un impacto realmente profundo en la sociedad y su opinión era o debía ser trascendente, solamente las emisoras que caminaban el éter tenían un impacto directo.

Pero no tardaría en aparecer un hecho criminoso en una sociedad aún inocente como la paceña, que cambiaría por completo su vivencia mediática y daría un giro de 180 grados a todo lo que se conocía hasta ese momento, como influencia de los medios de prensa en la opinión social.

La indignación se apoderó de la población, y fue una locura completa cuando se supo que la policía había dado con el victimario del infante Álvaro Tavera Nava.

Gonzalo Peñaranda era el nombre del joven que estaba acusado de ser el degenerado que provocó la ira popular después de haber cometido semejante barbaridad.

En las primeras horas de la captura ya se tuvieron las primeras precisiones de cómo había sido cometido el crimen y en poco comenzaron a llegar las declaraciones donde como autor confeso relataba fríamente todo lo ocurrido con el menor. Para una sociedad aún inocente como era la paceña, tanto detalle resultaba escabroso y la ira popular iba sólo en aumento.

Al día siguiente la ciudadanía en su conjunto se lanzó a las calles en busca de justicia y convertida en una verdadera muchedumbre, frente a las puertas del Palacio de Gobierno, la turba exigía la cabeza del violador y que sea ajusticiado con la pena de muerte.

Desde 1967, cuando Barrientos modificó la Constitución, Bolivia eliminó la pena de muerte de su orden jurídico, sin embargo en 1973 otro hecho de connotaciones trágicas también obligaron al entones presidente de los bolivianos el Gral. Hugo Banzer Suárez a estar por encima de la Ley y permitir la ejecución mediante fusilamiento de Melquiades Suxo Quispe, quien fue acusado de haber secuestrado, violado y asesinado junto a sus hijos a María Cristina, una menor de apenas cuatro años.

Con dicho antecedente, la gente esperaba del Dr. Víctor Paz, la misma postura y permisividad, de manera que la sangre del victimario calme la sed de justicia que atormentaba a una sociedad que desde el colgamiento de Villarroel y uno que otro episodio parecido había ya dado grandes muestras de gustarle más el castigo que la justicia.

El Dr. Paz sin embargo, lejos estuvo de hacerse convencer con semejantes iracundas sacudidas y pidió a su Ministro del Interior que se encargue de la seguridad del asesino confeso y que acuda a un juicio justo en la medida de las posibilidades.

Dado el impacto social, este proceso, a diferencia de lo que siempre suele pasar y sigue pasando en nuestro lerdo sistema judicial, tuvo una rápida atención y más veloz aún ejecución.

En un par de meses, un Juez leía una sentencia de muerte que dejó a más de uno sorprendido y que luego se supo que el magistrado daba semejante dictamen con el único afán de que la gente que esperaba afuera de la audiencia no cometa alguna barbaridad en caso de escuchar algo que no le convenía.

Posteriormente en la apelación, una Corte Superior dictaría una sentencia dentro la norma jurídica y las aguas volverían a su cauce con más tranquilidad. Sin embargo nada de ello aconteció.

Para empezar, en cuanto se leyó la pena de muerte, dejó a más de uno con la boca abierta, el salto de alegría y los aplausos que emitió el condenado, como si su culpa fuera tan grande que, justamente estuviera en persona esperando que le caiga el peor de los castigos. Tampoco tuvo tiempo la apelación ni la revisión de la sentencia, pues, antes de lo esperado, Peñaranda apareció ahorcado en su celda de San Pedro, sin más testigos que la cuerda que le quitó la vida, poniendo fin a un episodio muy doloroso que lastimosamente no fue el último, sino uno mas de la enorme lista de hechos que enlutaron a toda la sociedad cuando inocentes criaturas fueron vejadas por asociales que muchas veces incluso terminaron con su vida.

La niña Patricia Flores por ejemplo, a diferencia del primer caso, tuvo que esperar más de 10 años para que su alma descanse en paz, con la condena sobre los culpables de su muerte, y así como ella tantas víctimas cuyos familiares ni siquiera tuvieron el alivio de conocer una sentencia sobre los criminales de sus deudos.

Nuestro sistema judicial ha demostrado, incluso después de la elección de magistrados y por lo menos dos cumbres de justicia, no estar a la altura de una sociedad que experimenta día a día la ineficiencia, burocracia y sobre todo corrupción que abruma a todo el tercer Poder del Estado.

A ello se suma un sistema penitenciario, tan especial como maligno, que ha inspirado documentales, hasta de los más bizarros, alrededor del mundo, mostrando a nuestras cárceles como centros donde se cometen los peores atropellos a los derechos humanos y donde poco o nada se hace por reinsertar a los internos a la sociedad.

Con semejantes antecedentes y sin una sola intención de hacer planteamientos serios sobre soluciones preventivas, para que no vuelvan a acontecer este tipo de casos, nuestras autoridades recaen en la misma falla, de entender que lo que va a evitar que se comentan delitos van a ser los castigos.

Y de paso, sabiendo que de implementar la Cadena Perpetua en nuestro orden legal, al afectar los derechos básicos, su puesta en práctica debe ir a consulta popular para la reforma constitucional; deja la enorme duda por saber si lo que nuestros mandatarios quieren es una sociedad más justa o una chusma más satisfecha, y de paso, con un presidente eterno.

(*) Paceño, stronguista y liberal