Jueves 25 de mayo de 2017
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El proyecto de ley de empresas sociales aprobado por la Cámara de Diputados ha alborotado el avispero, especialmente al sector empresarial, ya que, según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, se abriría el camino "para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país". Este rechazo de varios grupos sociales seguramente ha influido para que el presidente Evo Morales pida al Senado que suspenda, temporalmente, su consideración, buscando llegar a acuerdos, especialmente con los empresarios.
La preocupación predominante se ha centrado en el derecho de propiedad de las empresas, lo que ciertamente es legítimo, pues uno de los principios inmanentes de la democracia es el respeto a la propiedad privada, que en este caso estaría amenazada por el citado proyecto de ley.
Resalta también -y preocupa- la tendencia del régimen de seguir el camino trazado por el Foro de San Pablo de dar al Estado -ya fue iniciado en Bolivia con las nacionalizaciones- el carácter de interventor en todas las actividades de la Nación; esa política -ya fracasada- es una de las causas de la espantosa crisis venezolana. Es más: recuerda el "nacionalícese" de Hugo Chávez.
