Humala ve denuncias en su contra como un "linchamiento político" y mediático

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El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) consideró hoy (ayer), como un "linchamiento político" y mediático sin precedentes en la historia de su país, a las denuncias e investigaciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos que se han multiplicado en su contra en los últimos meses.

Humala lamentó, en un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera de Perú, los intentos de destruir el proyecto político que lo llevó a la Presidencia en 2011 y las transformaciones que logró, mediante la "judicialización" de la política, un "linchamiento" que, según dijo, afronta con "cooperación" ante la Justicia y sin estar preocupado por si puede resultar condenado.

El ex gobernante se refirió en general a las 19 investigaciones judiciales que afrontan tanto él como su esposa, Nadine Heredia, que se centró particularmente en los casos de los presuntos aportes financieros de la empresa brasileña Odebrecht, y las supuestas violaciones a los derechos humanos en el caso Madre Mía.

"Es un linchamiento al proyecto de cinco años de gobierno, si no, no podríamos entender como mi esposa Nadine, puede, sin haber sido funcionaria, haber acumulado 11 investigaciones judiciales por delitos que solo pueden cometer funcionarios, o en mi caso, como no encuentran cosas ilegítimas o ilegales (en mi gobierno), se ocupan de nuestros orígenes", afirmó el expresidente.

Humala, líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), indicó que la "consigna" de sus enemigos es "judicializar o evitar que podamos enarbolar como colectivo una política distinta a la llevada en la vida republicana del país", un ataque impulsado por "líderes de opinión que se creen jueces supremos" y que no quieren discutir "las obras" de su gobierno, que actuó con sensatez y responsabilidad".

Respecto al caso Odebrecht, el expresidente insistió en que, pese a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ni él ni su partido recibieron apoyo económico de la empresa brasileña ni del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, y dijo que en cualquier caso, recibir esas donaciones no hubiera constituido un delito en Perú.

Durante el gobierno de Humala, Odebrecht ganó la concesión, junto a la española Enagás y la peruana Graña y Montero, del Gasoducto Sur Peruano, una obra de 7.000 millones de dólares, pero tras el escándalo el Estado peruano se anuló el contrato.

Además, Humala se reafirmó en su "tranquilidad" por no haber violado derechos humanos como militar durante el conflicto interno, y dijo que las investigaciones reabiertas por el Congreso, por su supuesta vinculación con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, no son más que una "persecución".

"Tras mi paso por las zonas de emergencia, he vivido con tranquilidad porque no cometí violaciones a los Derechos Humanos, estas denuncias entran cuando aparecí en política", afirmó.

Humala apuntó que, de hecho, durante aquella época él incumplió un manual del Ejército para combatir a grupos como Sendero Luminoso, que pedía "eliminar" las bases y los aliados "políticos" de los terroristas, y no solo a los combatientes.

"Entre los oficiales fueron excepciones los que cometieron excesos. Hubo excesos que deben ser sancionados claramente, pero en mi caso, el manual no se cumplió. La disciplina es cumplir con la Constitución, y cuando un manual va en contra de la Constitución, es una norma indebida", añadió. El caso "Madre Mía", por el que Humala ya fue investigado en 2006, durante su primera campaña presidencial, resurgió el pasado 26 de abril, después de que aparecieran en la prensa nuevos testimonios sobre el tema.

Humala y su mujer son una presencia habitual en los juzgados y en el Congreso de la República, a donde acuden a prestar declaración por los numerosos casos que se siguen contra ellos.

El año pasado, ambos fueron restringidos por orden judicial para salir del país, mientras que en diciembre, Heredia fue obligada a retornar desde Suiza, donde había ido para incorporarse como funcionaria a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), para que afronte las investigaciones en su contra.

Fuente: Lima, 22 (EFE)