Mutualidad del extinto Poder Judicial busca recuperar $us 1,2 millones de prestatarios

El gerente de la Mutualidad, Ronald Alba, negó la existencia de una "estafa millonaria" en esta entidad. Aseguró que se busca recuperar 1,2 millones de dólares de los aportes del extinto Poder Judicial y del Ministerio Público, porque ex miembros adquirieron préstamos de los fondos de retiro y auxilio mortuorio que no devolvieron.

"Actualmente tenemos una cartera más o menos de 1.300 prestatarios. 300 personas están con procesos judiciales y en trámites de programación.

En cartera de reprogramada o conflictuada de cerca de 1,2 millones de dólares", detalló el gerente, al referirse al monto que pretenden recuperar de los préstamos que adquirieron ex aportantes de la Mutualidad.

Dijo que este tema nada tiene que ver con la denuncia que existe en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados en contra de los magistrados Oswaldo Valencia y Macario Lahor, sobre presuntas irregularidades cuando se dictó una sentencia constitucional que afectó a la Mutualidad.

El gerente de la Mutualidad dijo que no existe ningún mal manejo, sin embargo informó que efectivamente esta entidad dio créditos a los ex aportantes y que para recuperar esos recursos se iniciaron acciones legales.

Informó que existe otro proceso penal en la ciudad de Cochabamba de la gestión 2006-2011 "por posibles pagos indebidos de prestaciones". El caso está en la fase de imputación. Pero aseguró que se precautela el derecho de quienes hicieron aportes a la Mutualidad.

Investigación de la Comisión de Justicia Plural

La pasada semana el Comité del Ministerio Público de la Comisión de Justicia Plural se trasladó a Sucre, para tomar declaraciones de los magistrados denunciados por presuntas irregularidades cuando dictaron una sentencia, además de realizaron una serie de acciones vinculadas al sistema informático del Tribunal Constitucional.

Alba en contacto con ANF explicó que ex aportantes de la Mutualidad denunciaron ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados presuntas irregularidades cuando el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 0233 del 2015.

La denuncia es en contra de los magistrados firmantes es por los presuntos delitos de prevaricato al emitir resoluciones contrarias a la ley, toda vez que no se pronunciaron sobre el fondo de la problemática, es decir la obligatoriedad de los aportes sustentada en la Ley 2136 del año 2000.

Y por falsedad ideológica "ya que el 15 de marzo estos magistrados solicitaron a la Gerencia General de la Mutualidad, para analizar en el fondo la resolución y dictar un fallo, sin embargo en abril nos notifican con la sentencia pero de fecha 23 de febrero, esto llama la atención. Es decir que teniendo una sentencia constitucional en febrero, nos piden información complementaria en abril".

Esta sentencia ha provocado que los aportes no tengan carácter obligatorio sino voluntario, lo que a su vez ha provocado que los recursos que ingresaban mermen de manera significativa, existiendo problemas al momento de la devolución de los aportes.

Alba explica que la Mutualidad administraba regímenes especiales amparados en el Decreto Supremo 25053. Recibía el 8,67% de los aportes de las autoridades y funcionarios judiciales además del Ministerio Público, recursos que se iban a los fondos de retiro y auxilio mortuorio.

"Esos aportes que venían a engrosar los fondos de retiro y auxilio mortuorio para tener liquidez y tener un ciclo económico para hacer las devoluciones en los tiempos esperados se mermó con la revocatoria de esta sentencia constitucional ya que los aportantes bajaron a aportes voluntarios hasta 1.000 personas", detalla el gerente.

Fuente: La Paz, 17 (ANF)