Igual que Jano, el mítico dios de la doble cara, hay gobiernos que hacen una cosa distinta de lo que dicen o utilizan la apariencia cual si fuera verdad. Pero si bien ésta puede ser eventualmente suplantada, sabe reivindicar sus fueros e imponerse a rajatabla. Por eso se dice que la mentira tiene patas cortas. Al revisar un poco la historia, encontramos a cada paso ejemplos de esta especie. A veces, como ahora, la vemos de parada al frente y nos revela sin tapujos su presencia.
Nadie olvida el año 2011, no porque la elección de jueces haya sido un gran avance o la piedra angular del edificio nuevo sino, sobre todo, porque se defraudó la inmensa expectativa y esperanza del electorado. Eso, desde la óptica del ciudadano común. Y según los opositores, esos jueces cumplieron con responsabilidad el rol que se les asignó: habilitar para otra gestión a los candidatos oficialistas. Si eso es cierto, la selección parlamentaria fue exitosa. Realmente, un hecho inédito. Merecían algo más que ser fusibles.
A cinco años, una curiosa similitud se observa entre lo que se publicó en ese año y lo que se publica ahora. También los actores políticos casi son los mismos. La universidad aparece con perfil bajo, no tan ostensible como ahora. Juristas de nota advirtieron que elegir por voto a los jueces era "una locura" y hubo una casi unánime coincidencia en afirmar que la injerencia de la política es el mal, el gusano en la canasta. Su liberación sería un gran logro. Pero nadie quiso ser el héroe de esa hazaña.
La lealtad de los nuevos magistrados tuvo un costo político demasiado alto, agravado por el desconocimiento del voto popular. En paquete se fueron a pique el 158 - 5 de la CPE, los dos tercios de la Asamblea y la credibilidad del gobierno, tal que hoy en día el termómetro de confianza marca cero. ¿Qué hacer entonces? La labor técnica debería estar a cargo de una comisión externa completamente independiente, incluso de la universidad estatal. La Asamblea Legislativa cumpliría su función, pero sin introducir cambios en la lista remitida por la mencionada comisión. De un amplio universo, sería posible seleccionar una muestra representativa de la jurisprudencia nacional.
En el régimen autonómico, el gobierno paritario docente-estudiantil ¿ya no existe? Como es una decisión institucional, su anuencia o su rechazo es ineludible. Parece que a nombre de la universidad, el CEUB ha asumido la responsabilidad total. El concurso de méritos y el examen de competencia estarían a cargo de académicos, en tanto que la Asamblea Plurinacional se reserva el derecho a ejercer su influencia política con el tercio de la escala porcentual, que puede ser decisivo. La entrevista es la instancia más difícil; demanda la participación de un experimentado psicólogo, adiestrado en el manejo de una "vara" especial en la evaluación de la personalidad. La mano alzada de los "dos tercios" sólo servirá para imponer.
(*) Escritor, miembro del PEN Bolivia
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