Política y corrupción

En la antigüedad para dirigir una nación o Estado una persona debía ser Política, es decir letrada, ética honesta, con conocimientos en leyes, dedicación y servicio a la comunidad, cualidades que muy pocos poseían. Con el transcurso del tiempo este ambiente y las condiciones fueron desapareciendo y el requisito fundamental servir a la comunidad se convirtió en servirse de la comunidad, dando lugar a actos irregulares, ilegales, contrarios a las leyes, eventos que se convirtieron en normales y comunes en la vida habitual y cotidiana de las personas estableciéndose de esta forma la corrupción, que se refiere a "actos en los que el poder del cargo público se usa para beneficio personal", de una manera que contraviene las normas de conducta y el ordenamiento jurídico.

Parecería ser una constante frecuente la existencia de una unión, -no siempre bienvenido-, entre la política y el dinero. Tanto la una como el otro se buscan mutuamente con el fin de mantener, asegurar o incrementar sus respectivas áreas de influencia. Tanto la una como el otro exploran caminos no siempre legítimos para alcanzar ese objetivo.

Esta constante no ha de inducir a pensar que todo el dinero que se entrecruza con la vida política es mal habido, o que se puede simplemente prescindir del dinero para ejecutar acciones políticas. Es más, la democracia, dado que supone que la actividad política ha de estar abierta a los ciudadanos, a despecho de sus capacidades económicas, requiere, como una exigencia inexcusable, un financiamiento de la política que permita la participación de todos. La subvención de la política y, por lo tanto, una cierta relación entre el dinero y la política constituye, un aspecto central en un sistema político democrático.

Por otra parte, la participación de los ciudadanos en política puede adquirir formas muy diversas. De hecho, los individuos participan tanto a través de sus esfuerzos personales como materiales, por una serie de nobles y legítimas razones. Las personas dedican parte de su tiempo y de su dinero a instituciones sociales, culturales y deportivas y también a las organizaciones políticas. Muchas de estas acciones se explican por un deseo de contribuir al sistema democrático en su conjunto y por un cierto sentido del deber o del sacrificio.

Esto sucede a nivel de participación individual. A nivel empresarial los análisis empíricos suelen ofrecer otros datos (sobre algunas cuestiones, en cambio, no muy diferentes).

Pero no es menos cierto también que el dinero suele comprar medidas políticas y cargos públicos. Generalmente el candidato ganador de un proceso electoral, una vez en el poder nombra en las carteras de estado más importantes a personas que contribuyeron o subvencionaron con mayor aporte económico como una especie de agradecimiento y dispendio por los favores recibidos. No es de extrañar, entonces, que la corrupción dentro de los partidos políticos, en los sindicatos, en la administración a todos los niveles ha sido, y sigue siendo, una parte completamente normal del sistema. La corrupción también es un elemento de la actividad de los grupos de presión.

Un acto de corrupción implica la violación de un deber posicional. Quienes se corrompen transgreden, activa o pasivamente, algunas de las reglas que rigen el cargo que ostentan o la función que cumplen. Quienes se corrompen manifiestan, en ese sentido, un claro sentimiento de deslealtad hacia la regla violada. Dado que lo que aquí interesa es la corrupción política, al menos una de las partes involucradas ha de ocupar un cargo público o cumplir una función de carácter político o público. Podrá ser sujeto activo o pasivo de un acto de corrupción, un dirigente electo o un funcionario; un responsable de un partido político o un miembro de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, un asesor económico o un militar, etcétera. Y también podrá serlo, por cierto, un individuo que ejerce sus derechos como ciudadano. Tal es el caso de aquél que emite su voto a cambio de una compensación económica o de otro tipo.

Para que exista un acto de corrupción política, debe alterarse un sistema normativo de carácter correcto y legal que sirva de referencia. La noción de corrupción es parasitaria de un sistema normativo. Por esa razón, la corrupción adquiere un marcado acento contextual. Esto hace que un acto sea corrupto en un sistema determinado pero que no lo sea en otro; o que sea considerado corrupto en una época, pero no en otra. En el caso de la democracia, esta propiedad juega un papel central, ya que, para la adscripción de responsabilidades, sea individual o colectiva, hay que determinar previamente qué regla del sistema político democrático se ha violado, y esa es una tarea que empíricamente puede no ser fácil. En este sentido, la idea de corrupción política pone el acento en la regla violada y no en el personaje o en sus motivaciones. Un político que acosa sexualmente a su secretaria no comete un acto de incorrección política, comete en todo caso una ilegalidad jurídica y siempre una incorrección moral. Pero un político o un partido político que recibe una fuerte suma de dinero a cambio de una decisión, o de influenciar en una decisión, de gobierno se corrompe políticamente

Los actos de corrupción política, o de otro tipo, están siempre vinculados a la expectativa de obtener un beneficio extra posicional. Y no es necesario que ese beneficio constituya una ganancia de carácter económico, puede ser política, profesional, sexual, etc. Puede ser también el caso, que ese beneficio consista en una combinación de ganancias de bienes de diversa naturaleza. No hay que olvidar que el rédito político que persigue una de las partes involucradas puede muy bien transformarse en rédito económico para la otra u otras.

La corrupción política atenta contra la inversión en la economía de un país y, en consecuencia, es una práctica negativa para su desarrollo económico, político y social. Se ha llegado al extremo de convivir diariamente un acto de corrupción como si fuese normal y la gente prefiere no opinar por temor a ser difamado, ofendido y hasta perseguido por los políticos de turno en función de gobierno.

(*) Ingeniero