Privatización del río Madera provocará alto costo socio-ambiental a Bolivia
23 may 2010
Fuente: La Paz, 21 LA PATRIA.-
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En el río Madera, el más caudaloso afluente del Amazonas, se abren paso las represas brasileñas, cuya construcción rompe con tratados internacionales y colocan a Bolivia ante un alto costo socio-ambiental, afirma un estudio del profesor brasileño, de la Universidad Federal de Rondonia, Luís Fernando Novoa.
Citado por la Plataforma Energética, Novoa asegura que en Brasil se ha dado una virtual privatización del río Madera a favor de grandes empresas privadas, lo que ocasionará un enorme costo social y ambiental en países vecinos como Bolivia.
Con esta acción, según el experto, Brasil ha creado la base normativa para las próximas subastas de concesiones y/o privatizaciones que alcanzarán a los grandes ríos amazónicos, afectando a las comunidades indígenas y poblaciones ribereñas.
“Las construcciones brasileñas ponen a las poblaciones bolivianas del norte amazónico a merced de las inundaciones, de las epidemias, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la decadencia de la economía agroextractivista local”.
“La compensación ofrecida a los bolivianos es la misma que se ofrece a la población de Rondonia: trabajos temporales, apoyo para establecer otro enclave más de exportación de energía a una inmensa cloaca de granos, carne, minerales, y madera para abastecer los mercados del sudeste asiático”, dice el estudio que cita la Plataforma Energética.
El informe de Novoa dice en sus partes sobresalientes lo siguiente:
El aprovechamiento de cualquier parte del río Madera implica el control gradual de toda la cuenca. No hay “viabilidad” económica y financiera de una planta sino se establece el máximo aprovechamiento de la cuenca. Por ello, los estudios de viabilidad (2004), además de San Antonio y Jirau, incluyen la represa de Riberao en Guajará- Mirim, en el Madera, en la frontera entre Brasil y Bolivia, con una potencia instalada de 3000 MW y Cachuela Esperanza en el río Beni, en Bolivia, con una potencia instalada de 600 MW. (Estudio de viabilidad de la de Santo Antônio y Jirau. Furnas/ Odebrecht.2004).
Las dos primeras represas imponen como un hecho consumado las otras represas, tanto para fines de optimización/regularización de la generación, cuanto para la ampliación de la vía fluvial hacia el Pacífico; una muestra del uso unilateral e irresponsable de recursos naturales que deberían ser comunes, especialmente las cuencas de drenaje internacional, como la cuenca del Madera.
Entre los muchos impactos institucionales de este proyecto está el desmantelamiento de la legislación de los recursos hídricos a escala nacional, y la desvalorización de los acuerdos internacionales y regionales suscritos por el Brasil. No hay ninguna planificación pública previa, mucho menos integrada y participativa de los recursos hídricos de la cuenca. La circunscripción minimizada de las áreas de impacto fue un acto deliberado del consorcio patrocinador de los estudios.
COMPENSACIONES
El 2008 se intensificaron las negociaciones entre Bolivia y Brasil para discutir los daños potenciales de la operación de las represas. El Gobierno del Brasil aplicó la línea de negar los efectos transfronterizos de las dos represas y, en lugar de discutir sobre las incertidumbres del proyecto, para investigar los impactos no previstos, centró el debate en la colaboración técnico-operativa financiera para la construcción de las represas de Riberao y Cachuela Esperanza, garantizando la compra de los excedentes de energía no utilizados por Bolivia.
La oferta fue hecha en términos de una compensación cruzada: por una parte, se pierde el control y la soberanía y, por otra, se obtiene un importante beneficio político y económico. El llamado “sector del desarrollo” del gobierno de Morales, que incluye algunos ministerios clave, no fue indiferente a esta propuesta, contrariando la reciente lucha del pueblo boliviano, la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2004) por el control de sus recursos naturales.
IMPACTO EN BOLIVIA
La población afectada está en ambos lados de la frontera. En la lucha contra los grandes conglomerados, que patrocina este y otros proyectos de gran envergadura en la región, todos somos igualmente bolivianos y brasileños. Ejemplar en este sentido es una medida de precaución ante la Comisión de Derechos Humanos en 2007 por las organizaciones y movimientos indígenas y campesinos en los departamentos de Beni y Pando contra la resolución de “Brasil” de emprender dos mega-plantas en un río que también es de Bolivia, sin estudios completos y en oposición al Gobierno de Bolivia y especialmente de las comunidades ribereñas bolivianas potencialmente afectadas. Esta acción cuenta con el apoyo del Movimiento de Afectados por las Presas y representa una iniciativa concreta de resistencia contra la planificación privada transfronteriza y transnacional del sudoeste de la Amazonía brasileña, o norte de la Amazonía boliviana.
Fuente: La Paz, 21 LA PATRIA.-
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