Por: Valeria Perasso - BBC Mundo, enviada especial a Paraguay
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En Paraguay hay un problema que, de no ser por lo grave de sus consecuencias, serviría de inspiración para una nueva ola de realismo mágico en la literatura.
La existencia, imaginaria o real, de un grupo, guerrillero o criminal, ha llevado al gobierno a tomar medidas que van desde operativos en diferentes regiones del país hasta la declaración de un estado de excepción, pasando por el fortalecimiento de lazos con el país que más experiencia tiene en estos asuntos: Colombia.
BBC Mundo quiso explorar el fenómeno así que Valeria Perasso se fue a Paraguay cargada de preguntas y regresó con algunas respuestas.
¿Existe el EPP?
"Si viene por eso del EPP, olvídelo: no existe", le dice a BBC Mundo un asunceño. Su afirmación revela lo que muchos piensan sobre el Ejército del Pueblo Paraguayo, a cuya persecución el gobierno ha destinado 3.300 efectivos militares, decretando un "estado de excepción" para facilitar las capturas.
Lo que se pone en duda no es la existencia física de aquellos a quienes las autoridades sindican como integrantes de la organización. Más bien, las diferencias surgen entre quienes aseguran que el EPP es una formación guerrillera con ideología izquierdista y ambiciones de tomar el poder por las armas -como señalan sectores del gobierno-, y quienes ven en el autodenominado Ejército a una organización meramente criminal, dedicada a hechos delictivos (como los secuestros) sin más objetivos programáticos, tal como alegan grupos campesinos y organizaciones de derechos humanos.
La falta de comunicación de objetivos o la poca claridad sobre la estructura del EPP, así como los fallidos operativos de búsqueda, parecerían dar la razón a estos últimos. En tanto, los hechos reivindicados por "voceros" de la organización --entre ellos, secuestros de ganaderos, asaltos a destacamentos y comisarías y un fallido atentado con bomba en la sede del Poder Judicial en Asunción-- confirmarían su carácter "guerrillero".
¿Es un grupo altamente entrenado?
Víctimas de los secuestros presuntamente perpetrados por el EPP le aseguraron a BBC Mundo que sus captores "están preparados para moverse en el monte y tienen un aceitado sistema de logística, minado de campos y control de la zona que conocen como la palma de su mano".
"Tienen formación universitaria, en ramas como la filosofía, y repiten un discurso encendido contra la oligarquía, contra el capitalismo, contra el imperialismo y contra las fuerzas de seguridad, a las que ven como brazos armados de los ricos", le dijo a BBC Mundo un ganadero afectado por el accionar del grupo, que pidió reserva de su identidad.
Según detalló a este medio la fiscal Sandra Quiñónez, a cargo de la mayoría de los casos contra supuestos integrantes del EPP, existe documentación hallada en una computadora portátil en 2003 que revela los planes de comunicación del grupo, así como la tecnología, armas y municiones de las que disponen.
Otros, en cambio, señalan que algunas de las acciones que se le adjudican estuvieron marcadas por la torpeza, como si se tratara de un grupo de principiantes.
Por ejemplo, el hallazgo de un termo con $us. 27.000, entregados como parte del rescate del ganadero Luis Lindstron, en 2008, y luego abandonados en un campamento que, según las autoridades, había estado ocupado por esta guerrilla.
¿Está vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?
Según el vicepresidente, Federico Franco, "existe un informe del Ministerio del Interior" que señala la presencia de delegados de la guerrilla colombiana para capacitar a los integrantes del EPP, lo que permite catalogar a ambos grupos como "aliados".
Entre las supuestas pruebas materiales que darían cuenta del vínculo, se ha mencionado el hallazgo de municiones de fusiles AK-47 y M-16, similares a los que utilizan las FARC, en el sitio del último ataque adjudicado al EPP, así como la información almacenada en la computadora del "número dos" de la organización colombiana, Raúl Reyes, cuando éste fue abatido en Ecuador.
Otras voces, sin embargo, denuncian que la vinculación con las FARC busca darle "estatus político" al EPP, para justificar su persecución con operativos descomunales y medidas extraordinarias.
El Partido de los Trabajadores, por caso, ha criticado lo que considera un "proceso de colombianización impulsado por el gobierno" y ha rechazado los acuerdos de cooperación en seguridad firmados recientemente entre Paraguay y Colombia, al considerar que abren camino a una militarización del país.
¿Era necesario el estado de excepción para perseguir al EPP?
¿Cómo es posible que un grupo de 15 ó 20 personas fuera de la ley lleve a establecer una medida de excepción en más de la mitad del territorio paraguayo (de unos 407.000 km2)?, cuestionan muchos.
El viceministro del Interior para Seguridad Interna, Carmelo Caballero, le dijo a BBC Mundo que el motivo principal ha sido "las graves carencias" en los organismos de seguridad paraguayos, que hacen que "todos los esfuerzos resulten insuficientes para una lucha frontal contra organizaciones delictivas". Así, según el funcionario, la medida es indispensable para dar no sólo con el reducido núcleo duro del EPP, sino también para controlar las redes de apoyo entre los pobladores de los cinco departamentos norteños (Concepción, San Pedro, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Amambay).
Sin embargo, en el seno del Ejecutivo se han mostrado diferencias en este tema: concretamente, entre el presidente Fernando Lugo y su vicepresidente, Franco, después de que éste último señalara que la prioridad del estado de excepción no era la de cercar al EPP sino más bien la de traer seguridad a una zona fuera de control, algo que Lugo calificó como "absolutamente falso".
En tanto, organizaciones de derechos humanos denuncian que la medida es inconstitucional porque "no se registra una conmoción interna", un requisito que establece la Carta Magna paraguaya para decretar el estado de excepción. "La decisión no hace sino legalizar abusos, como detenciones arbitrarias o allanamientos irregulares", le señaló a BBC Mundo María José Durán, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
¿Es posible que el EPP extienda su influencia?
La cantidad de personas que conforman el EPP depende de quién cuente, y los números oscilan entre 10 y 100. Lo que se sabe es que, como grupo delictivo u organización ideologizada, es pequeño.
Muchos temen que, en su zona de influencia --marcada por altos índices de pobreza, reclamos de larga data de campesinos sin tierra y escasa presencia del Estado--, el predicamento de la organización se expanda hasta sumar nuevos adeptos.
"Un grupo delincuencial de estas características encuentra en esas zonas un caldo de cultivo. Si no se aplican las políticas de Estado, este pequeño grupo operativo puede seguir creciendo", consideró el viceministro del Interior, Carmelo Caballero.
Otros, en cambio, opinan que la falta de claridad en las acciones para la toma del poder, que presuntamente tiene por objetivo el EPP, anula sus posibilidades de convertirse en un actor político relevante.
"Las posibilidades de expandirse son muy estrechas considerando el peso que tienen en la zona las organizaciones campesinas tradicionales, que es por donde se canalizan la lucha y los reclamos", opinó el analista Marcial Cantero.
"Se podría considerar que el EPP es una punta de lanza de una izquierda que no tiene ningún predicamento a nivel del escenario político nacional. Están buscando impacto social, como una suerte de Robin Hood, pero no pasará de eso", coincide el sociólogo Tomás Palau, director de BASE Investigaciones Sociales.
¿Qué pasará el 26 de mayo?
El estado de excepción fue promulgado el pasado 25 de abril por 30 días. Así lo decidió el Congreso paraguayo, aunque el presidente Lugo había sugerido un período del doble.
Cuando expire el plazo, es posible que el gobierno solicite una prórroga para continuar con los rastrillajes, según anticiparon desde el ministerio del Interior. Además, el viceministro Caballero le indicó a BBC Mundo que el Ejecutivo tiene previsto presentar un proyecto para modificar la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, para que los militares puedan cumplir funciones de policía sin necesidad de decretar estado de excepción.
Sin embargo, sectores de la oposición manifestaron su intención de impulsar el juicio político de Lugo si la operación Py’aguapy no da resultado.
Según el senador Enrique González Quintana, del opositor Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Punace), se están buscando elementos jurídicos y "analizando si el Ejecutivo está actuando según la Constitución". De prosperar, el mandatario sería acusado de "mal desempeño de funciones" y podría ser destituido.
Fuente: LA PATRIA
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