OEA alerta de marcada confrontación del Gobierno a los medios de comunicación

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El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA 2016, respecto a la libertad de expresión, advierte de una marcada confrontación que origina "descalificaciones" y "estigmatizaciones" de altas autoridades de Estado a medios de comunicación calificándolos de ser miembros de un "cártel de la mentira".

El informe de la Relatoría, para la Libertad de Expresión, en el punto referido a las estigmatizaciones, concluye que, "La existencia de un contexto de marcada confrontación, en la cual se producen confrontaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos".

Señala que es responsabilidad del Estado, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras. Así como los funcionarios públicos, deben asegurarse que sus pronunciamientos no estén "lesionando los derechos" de quienes contribuyen a la deliberación pública, como los medios de comunicación y los periodistas.

"El alegado ´cártel´, tendría como propósito el desarrollo de una ´operación encubierta´, promovida por el gobierno de Estados Unidos, cuyas metas serían, entre otras, desestabilizar al gobierno del Presidente Evo Morales y desacreditar la inversión China en Bolivia y América Latina", dice el informe.

El documento precisa que como parte del ´cártel´, los funcionarios públicos han señalado a la Agencia de Noticias Fides (ANF), los diarios El Deber y Página Siete y la red de radios Erbol; pero además han individualizado a personas como Amalia Pando, Andrés Gómez y Carlos Valverde. y luego a la cadena CNN, incluida como un "cártel" transnacional.

Y alerta, que una "aguda polarización" cierra los espacios para los debates sosegados, escenario que no ayuda ni a las autoridades ni a los medios cumplir de mejor manera, el papel que a cada uno le corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta. 

El Gobierno atribuyó la derrota en el Referéndum, para abrir la Constitución e introducir la repostulación de Morales el 2019, al impacto de las denuncias de tráfico de influencias vinculado a la expareja del Presidente, Gabriela Zapata gerente de la empresa China CAMC que se adjudicó 570 millones de dólares en contratos con el Estado.

"Las acusaciones derivaron en la intensificación de los señalamientos en torno a la existencia del denominado ´cártel de la mentira´, a través de múltiples declaraciones", además por medio de programas especiales de televisión, separatas impresas con el sello de los ministerios de la Presidencia y de Comunicación.

Desde esas carteras de Estado, se publicó una separata con el título: "El cártel de la mentira" donde se expone no solo a los medios de comunicación, sino a los periodistas, a quienes el Gobierno señaló como miembros de dicho "cartel". La Relatoría también conoce, que el ministerio de la Presidencia, el año pasado ordenó la elaboración de un documental con el mismo título, encomendado a Andrés Salari. Producto de estos hechos y presionado por las circunstancias, Valverde habría dejado el país.

Citan en el informe de Reporteros sin Fronteras, que advirtieron sobre un creciente clima de hostilidad, marcado por los "ataques verbales" en contra de periodistas como Amalia Pando y Raúl Peñaranda.

Internet y libertad de expresión

La Relatoría señala que el internet se ha desarrollado a partir de determinados principios de diseño, cuya aplicación ha propiciado y permitido que el ambiente en línea, sea espacio descentralizado, abierto y neutral. Por lo que cualquier regulación debe producirse como producto del diálogo de todos los actores.

Pero manteniendo las características básicas del entorno original, potenciando su capacidad democratizadora e impulsando el acceso universal y sin discriminación.

La referencia es, a propósito de la información que recibió este organismo, sobre que autoridades del oficialismo, tras su derrota en el Referéndum del 21 de febrero, anunciaron un control de los medios digitales como Facebook y Twitter, desde donde supuestamente se encaró una campaña en contra de la repostulación.

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Finalmente, sostiene que de acuerdo a la Declaración de Principios, sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se indica que el poder del Estado, los recursos económicos públicos, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad, la otorgación de licencias de funcionamiento o frecuencias, con el objetivo de presionar, castigar o premiar, "atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por ley".

Explica en el contenido del informe, que el vicepresidente Álvaro García Linera, reconoció que el Gobierno no daría publicidad a los medios de comunicación debido a su línea editorial.

Amalia Pando, cuando renunció a la cadena de radios Erbol, denunció que el Gobierno había "asfixiado" a ese medio de comunicación, solo por su línea crítica. La Asociación Nacional de la Prensa también ha alertado que el Gobierno lo haga con algunos medios de comunicación impresos.

Fuente: La Paz, 1 (ANF)