"Nos preocupa mucho que, en el ámbito laboral, las medidas más drásticas se apliquen contra el sector privado nacional, mientras que en el caso de las estatales, se consideren variables de racionalidad y protección, como las que define el Decreto 2348, lo que implica un trato desigual, injusto e inadecuado", aseveró.
Nostas dijo que este trato diferenciado desde el Gobierno contradice incluso a la propia Constitución PolÃtica del Estado, que en su artÃculo 306 señala que la economÃa plural se basa en principios de igualdad, equilibrio y justicia.
Ronald Nostas recordó además que todas las advertencias que el sector hizo en los últimos años, respecto a la orientación de la polÃtica salarial, se han evidenciado en cifras, "pero sobre todo en la cotidianidad de las personas que hoy trabajan en el sector informal, sin protección y sin derechos ni siquiera de acceder a los incrementos decididos anualmente", afirmó.
Al respecto, explicó que los datos oficiales del propio Gobierno, muestran claramente que la tasa de informalidad laboral supera el 60% y la de trabajo no asalariado está por encima del 50%.
"Sabemos que esto responde en gran medida a la polÃtica salarial que opta por incrementos que no toman en cuenta la productividad y la capacidad para sostenerlos y a la polÃtica de ajustar al sector formal cuando existe un creciente sector informal, lo que deriva en una precarización de las condiciones de empleo", manifestó.
"Hay empresas públicas que no van a aplicar el incremento (salarial) precisamente por la situación en que se encuentran, por ejemplo Huanuni, entonces hay ese tipo de excepciones", manifestó Rada.
La autoridad indicó que en el sector privado al igual que en el sector público hay condiciones para pagar el incremento salarial, pero se tomarán en cuenta las excepciones, que no precisó si se aplicará de igual forma en el sector privado.
Fuente: La Paz, 29 (ANF)
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