Viernes 28 de abril de 2017
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En las últimas semanas éstos vocablos han adquirido sentidos de corrupción y ha arrancado al oficialismo gritos al cielo santificándose. En realidad, son formas de corrupción que vienen enlodando al oficialismo desde sus primeros dÃas, sino, recordemos nomás a Santos RamÃrez, otrora hombre fuerte y de mayor confianza del MAS, encarcelado por doce años en el caso Catler-YPFB cuando intentaba cobrar una coima de 450 mil dólares el 2009.
El padre Pérez Iribarne, la anterior semana cuando se refirió a los parlamentarios incluyendo al Presidente Morales, en relación a la propuesta oficialista de despenalizar el aborto y la presencia de una gran cantidad de divorciados y divorciadas en la Asamblea Plurinacional y el gobierno, lo hizo en ese sentido, de corrupción y no tanto en su connotacion moral. Una buena parte de los divorcios se originan en el affaire, igual que en los sobreprecios y las coimas, en aquellas relaciones amorosas secretas, que dejan hijos aquà y allá. Claro que a nadie le interesa los hijos que tengan y su procedencia. Lo que llena de escándalo a los pasillos del parlamento son aquellas notificaciones judiciales por asistencia familiar por los hijos producto del affaire. Diputados, senadores, ministros o gobernadores han buscado la forma más pragmática para resolver las demandas judiciales por pensiones de sus hijos en múltiples mujeres con dineros de las dietas que el Estado les asigna. Dirán a nadie interesa lo que hagan con sus dietas. Evidente, son sus derechos, como tienen derecho a tener propiedades, negocios o intereses privados que no afecten su desempeño, pero, nosotros tenemos derecho a conocer todo aquello. Cuando ocultan o mienten, cuando tratan de engañarnos y camuflar éstos escandaletes, limitan uno de nuestros derechos democráticos; el de vigilarlos, de fiscalizarlos, y por tanto de evaluarlos. Probablemente por ello, Pérez Iribane dijo que se trata de gente desplazada por la vida, que no tiene la suficiente moral para hablar y liberar los abortos por ley. Cuando nos ocultan su patrimonio, sus intereses, su vida privada, nos privan del derecho a decidir informadamente -Arts. 106 y 107 de la Constitución- si los queremos como servidores públicos, como padres de la patria, como ministros o gobernadores. El derecho a la información tiene esa connotación; informarnos para fiscalizarlos y para elegirlos.
