El comercio de ropa usada

El comercio de la ropa usada que ha crecido desmesuradamente en nuestro medio y de manera especial en la ciudad de Oruro, convertida en un centro de distribución al país de la prendería usada, tiene ahora características socio laborales, al constituirse en un suplemento de trabajo, para miles de ciudadanos desocupados. En verdad es un problema social.

Hace tiempo atrás y ante la arremetida de un gigante comercio de ropa usada, una parte importada con trámites legales y otra que duplica o triplica la cantidad comprada en lugares de origen y proviene de un contrabando abierto, cada vez más fortalecido, ha saturado el mercado boliviano con esa prendería usada que se vende abiertamente en centros comerciales instalados, valga la redundancia legales, en varias calles aledañas a centros de abasto, también en galerías especiales y en puestos callejeros en aceras de la ciudad, se dispuso la emisión de más de un Decreto Supremo, prohibiendo terminantemente la importación de "ropa usada".

La aplicación del D.S. correspondiente fue parcial, pues no alcanzó a frenar el movimiento de fuertes capitales para que los comerciantes continúen comprando ropa al por mayor, incluso de manera directa en los centros de producción, de ahí que el negocio se amplió al de operaciones bancarias para compra de pasajes a países asiáticos y la inversión en adquirir enormes lotes de ropa y embarcarla con destino a puertos del norte chileno, consignados a comerciantes bolivianos.

Esa mercadería llegada a puertos, desembarcada por los propietarios, es luego distribuida entre comerciantes intermediarios, generalmente estos que se ocupan del transporte hacia los mercados nacionales, haciéndolo en mínima parte por la vía legal y un gran porcentaje por el fácil conducto del contrabando.

La cadena continúa cuando la mercadería llega a destino, donde es entregada al comercio minorista, para su venta al público en toda suerte de negocios callejeros y hasta en tiendas especializadas. Todo este negocio prácticamente en contra de la producción de textiles nacionales, manufacturas en tela, productos de cuero y otros que difícilmente pueden competir en materia de precios.

El resultado lógico, el cierre paulatino de micro empresas nacionales, con alto índice de desocupación y con el fenómeno social del crecimiento del comercio informal, como una necesidad de trabajar y sobrevivir. Este sector es considerado si se quiere, como pasivo pero se torna incómodo cuando formula reclamos como "el derecho a seguir vendiendo ropa usada".

En función a esas demandas de los "ropavejeros", el Gobierno ha señalado de manera concreta que "en adelante serán los municipios que se ocupen de generar mecanismos para el control del comercio de prendería usada", manteniéndose la prohibición vigente para importación de esa línea de productos que se ha diseminado prácticamente en todo el país y cuyo centro de operación es justamente el distrito de Oruro.

Hay un criterio que deberá ser analizado y es que los comerciantes de ropa usada quieren pasar a la legalidad, para tributar de acuerdo a su negocio, empero el lado fuerte de esta actividad está en los capitalistas que también deberían tributar. Un tema para soluciones de orden social.

Fuente: LA PATRIA