Ayer, hoy y siempre: “los muertos los pone el pueblo”

Los sangrientos hechos de Caranavi nos recuerdan similares acontecimientos ocurridos en Huanuni (2006), en Sucre (2008), entre los registrados por la prensa durante los últimos años, y algo similar a los producidos durante las “tristemente célebres matanzas” de 1948, 1951, 1956, 1964, etc. Los más graves de todos ellos, en noviembre de 1979 y 17 de julio de 1980, cuando Natusch Busch o García Meza, ordenan despiadadas intervenciones militares que registran elevado número de muertos y heridos. Es allí, donde nace la expresión que algún político de la clase gobernante, que sostiene: “los muertos, los pone el pueblo”.

Lo lamentable del dicho es que, en su generalidad, son los más pobres y los más inocentes de los pueblos originarios de Bolivia, que se convierten en víctimas inocentes de la violencia política o terrorismo de Estado. Desde que la política se convierte en la expresión violenta del colonialismo, hasta nuestros días, estas prácticas son siempre similares.

La presión social que agudiza un estado de conmoción interna y exacerba los ánimos de la población, determina las primeras órdenes de inmediata intervención policial con apoyo de algunos francotiradores, para terminar con la orden del Presidente en ejercicio, de ocupar militarmente las principales ciudades donde se produce el conflicto, tras una declaratoria de emergencia nacional. El respaldo del efectivo militar de ejército, estará pertrechado con armas de fuego.

En una breve ojeada a las noticias publicadas por los diarios del país, todos coinciden en difundir en sus primeras páginas, el número de muertos, heridos y detenidos, estos últimos, ligados a “movimientos subversivos” con “planes para derrocar al gobierno”. De esta manera, los diarios de todo el mundo, se convierten en importantes fuentes de información para hacer un examen histórico de lo ocurrido en determinados procesos que caracterizan a los “regímenes violentos” o, para graficar mejor, se los califica como “terrorismo de Estado”.

El ministro de Gobierno del actual régimen gobernante, en tiempos en que fungía como Presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, se ha convertido en la principal fuente de información sobre el número de muertos que se registraron en cada uno de este tipo de hechos, cuyo resumen publicado daba cuenta de 276 víctimas de las dictaduras militares y más de 280 en tiempos de la Democracia, contándose aquellos registrados hasta el período gubernamental democrático del ex dictador, Hugo Banzer Suárez.

Si contabilizamos a los asesinados en el segundo periodo de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (un año y dos meses) y los muertos del primer periodo de Evo Morales Ayma, además de los primeros en su segundo mandato democrático, los muertos fácilmente podrían alcanzar al número de 500. Estos resultados de la violencia política en tiempos de democracia, paradójicamente, no condicen con el espíritu que debiera primar y, por el cual, tantos ciudadanos ofrendaron sus vidas por alcanzar un estado de derecho a toda prueba.

Los actores o protagonistas directos de estos acontecimientos luctuosos que registra la historia boliviana, paradójicamente, también, son los principales promotores de la elección al Presidente Morales Ayma, como el “Nobel de la Paz”. Estas contradicciones en el ejercicio del poder, lógicamente que son de conocimiento de la Academia Sueca que funciona en Estocolmo y son quienes hacen inviable a la proposición que desde 2006, viene siendo postergada, tras su presentación por el escritor, Néstor Taboada Terán.

Si por azares del destino, los proponentes “encontraran parangón” con la señora Rigoberta Menchú, sobre su condición de originaria de un pueblo ancestral, será importante aclarar que las diferencias con el mandatario boliviano, son muy amplias, diferentes en su naturaleza y en sus tareas cumplidas desde su misión de activista de los derechos humanos y de la preservación de la vida, para su pueblo guatemalteco.

Menchú trabajó, desde su sitio, en la defensa de los derechos humanos y por el respeto a la vida humana, con una actitud de denuncia permanente de las penurias que sufría cada uno de los habitantes indígenas de Guatemala, proclamando permanentemente la paz y la comprensión entre seres humanos. No se vinculó a partido político alguno y menos asumió funciones de gobierno y su lucha en extremo pasiva y de exhortación, hizo que la Academia Sueca le concediera el título: Premio Nobel de la Paz, en 1992. Es de esa manera que uno puede aspirar a tan digno atributo que extiende hoy, la humanidad entera.

(*) Periodista