Para que no parezcan “actos irregulares” o “reñidos con la legalidad” desde los niveles superiores de gobierno se instrumentan las ya conocidas “leyes cortas” o mejor las que ahora pueden aprobarse en la Asamblea Legislativa bajo su condición de transitoriedad.
Bajo tales alternativas lo que no gusta o no coincide con los planes o las ideas de los gobernantes, debe someterse a ese tránsito de lo legal a lo ilegal, no a la inversa como debería suceder para normar responsablemente la aplicación de medidas que mejoren la administración del Estado y eviten confrontación.
Cuando faltan muy pocos días para que asuman nuevas autoridades electas por el sistema democrático, el caso de gobernadores, asambleístas, alcaldes, consejeros y concejales, surge la posición oficial a través de la Comisión de Autonomías en la Cámara de Senadores que propone una Ley Transitoria para el funcionamiento de los gobiernos autónomos departamentales, y el contenido del instrumento no es otra que la anulación implícita de las autoridades de la “media luna”, allí donde los votos fueron adversos a los candidatos oficialistas.
En el rápido tratamiento de este tipo de “leyes cortas” hay otro elemento interesante que no escapa a la observación común y es la rapidez con la que se desarrollan las etapas obligadas para aprobar leyes, el caso de la aprobación en grande que indudablemente es rapidísima por efecto del “rodillo” parlamentario y pasa a la instancia de tratamiento en detalle, en la que con seguridad habrán observaciones por parte de la oposición, las que finalmente no surtirán mucho efecto porque en materia de votos no tendrán el respaldo necesario para superar la avalancha de la mayoría parlamentaria.
En el proceso parlamentario y bajo las normas de respeto a derechos y libertades y sobre todo a la democracia, frente al proyecto que busca inhabilitar a gobernadores electos en ciertos distritos, la oposición planteará un proyecto alternativo que impida la ejecución de una medida surgida en la Asamblea con claros fines de obstrucción a la voluntad popular.
Dadas las características del proyecto de ley transitoria, la rapidez en su tratamiento y el tiempo inexorable que avanza hacia fin de mes, nos hace ver que en el curso de las próximas horas, quién sabe días, estemos frente a otra situación de riesgo para la democracia y sus valores de respeto a la dignidad.
El ciudadano común no puede estar al margen de la realidad y es por eso que percibe nítidamente la intención de tratar una “ley transitoria” cuyo único objeto es anular a los gobernadores opositores, eso es lo que se asegura en el corrillo político.
Tampoco escapa al criterio generalizado otro instrumento que se trabaja bajo la figura de “ley corta” que podría alterar la actividad sindical, infiltrada ya con móviles políticos para desarticular un movimiento laboral que está afectando la tranquilidad ciudadana y puede derivar en mayores problemas.
Frente a los hechos por los que atraviesa la Nación lo menos que se desea es una confrontación y lo mucho que se espera es un diálogo abierto para solucionar los incómodos problemas de la política nacional. La voluntad del pueblo no puede transgredirse con leyes transitorias.
Fuente: LA PATRIA
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