Sin contratiempos ni oposición, el MAS aprueba ley para autonomía

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Pese a las amenazas de movilizaciones y denuncias de un denominado “golpe de Estado” contra los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija, el gobernante MAS apuraba ayer los pasos para aprobar, sin contratiempos ni oposición, la nueva Ley Transitoria de Autonomías que establece la suspensión de gobernadores con acusación formal de fiscal.

El jefe de bancada de la oposición en el Senado, Germán Antelo volvió a denunciar la supuesta condición inconstitucional de la norma, pero no asistió a la sesión que hasta un poco después de mediodía había servido para ser aprobada en grande (sin revisiones de artículos).

“Es ilegal, es inconstitucional y nosotros creemos que tenemos que tener la consulta de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, eso es lo que hemos planteado”, advirtió Antelo antes de abandonar el debate parlamentario.

Pero el presidente interino del Senado, René Martínez, advirtió que esa consulta significaría un atraso en la implementación del proceso autonómico.

Posteriormente justificó que la denominada “ley corta” servirá como “puente” de transición hacía el ejercicio de la autonomía a través de las gobernaciones elegidas el 4 de abril.

El Estado debe dejar una “vieja estructura” y adaptarse a una “nueva realidad”, dijo Martínez.

PELIGROS

La ley establece el polémico artículo 8 que textualmente dice: “La Gobernadora o Gobernador será suspendida o suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando pese sobre ella o él acusación formal luego de concluida la investigación penal de acuerdo al artículo 323, inciso 1 del Código de Procedimiento Penal. La suspensión durará durante toda la substanciación del proceso para asumir su defensa”.

Para Antelo, sin embargo, ese artículo representa un instrumento político para ejecutar la “persecución” de los opositores. Los gobernadores electos, Rubén Costas, de Santa Cruz; Mario Cossío de Tarija; Ernesto Suárez de Beni y los alcaldes opositores, René Joaquino de Potosí, Luís Revilla de La Paz y Jaime Barrón de Sucre, tienen cargos de supuesta corrupción e ilícitos y, actualmente son investigados por el Ministerio Público.

Antelo dijo que pese a las modificaciones la ley mantiene su sentido “persecutorio en contra de los gobernadores de la oposición electos por el voto popular”.

Pero la senadora por el MAS, Gabriela Montaño explicó que la norma en realidad recoge el mismo precepto de suspensión de autoridades locales en la ley de Municipalidades.

MÁS CAMBIOS

El MAS también cambió el parágrafo I del artículo 10 para establecer que “en caso de ausencia temporal de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental, la suplencia será designada por la Asamblea Departamental, de entre sus miembros, por el tiempo de duración de la misma. Esta designación se realizará por mayoría absoluta de votos”.

De ese modo se pretendía desestimar la denuncia de la oposición que insinuaba una intención del Presidente Morales de nombrar “a dedo” a los reemplazantes de las autoridades suspendidas.

El parágrafo II del mencionado artículo señala: “En caso de ausencia definitiva por renuncia, muerte o inhabilidad permanente se procederá a una nueva elección de acuerdo al artículo 286 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”. “Acá no hay ninguna intencionalidad detrás de esta ley de afectar a nadie y menos a las autoridades electas el 4 de abril”, insistió Montaño.

REACCIÓN

Mientras tanto, los comités cívicos de Beni y Tarija preparaban ayer una huelga general en rechazo a lo que calificaron como atentado contra la voluntad popular expresada en las urnas el 4 de abril.

Después de la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, procederá a la revisión y aprobación de las modificaciones para la posterior sanción por parte del vicepresidente Álvaro García Linera y promulgación a cargo del presidente Evo Morales.

El jefe de bancada de senadores del MAS, Isaac Ávalos calificó como “show mediático”, las denuncias de la oposición y advirtió que la presencia de las autoridades procesadas y suspendidas en sus cargos “la decidirá los jueces, tras el proceso de investigación”.

Fuente: La Paz, 20, LA PATRIA.-