Una expectativa y un derecho regular en los trabajadores en general, es que cada año se eleve el monto del salario que percibe en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida familiar, pero al mismo tiempo pensando en el hecho de tener una fuente de empleo seguro, que no es otra cosa que la permanencia laboral en condiciones razonables, en el marco de la racionalidad.
En nuestro país como no ocurre en otros vecinos del área regional sudaméricana, el tema de aumento salarial es una cuestión prácticamente instituida y que se cumple cada año, tomando como base de su aplicación el porcentaje de la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque los números como ha sucedido algunos años no sean precisamente el reflejo de bonanza financiera. Además como se estableció referencialmente, un crecimiento mayor al 4,5% del PIB, puede dar paso al pago de un doble aguinaldo, un beneficio directo para cierto sector laboral, pero de riesgo para otro que realmente vive de los recursos generados en los medios productivos.
Se menciona esa diferencia porque no es lo mismo pagar el incremento salarial, cualquiera sea su porcentaje, con recursos del Estado que en realidad son los recursos de todos los bolivianos pero que llegan a los bolsillos de los empleados del aparato estatal, sin afectar ningún sistema de producción real. En cambio el pago de incremento en la empresa privada debe generarse con el rendimiento de orden productivo que en la mayoría de casos debe competir con factores adversos como la competencia desleal del contrabando y el comercio informal, un régimen tributario exigente y de duras sanciones, además de pocas opciones para vigorizar los capitales de operación, reducidos por falta de incentivos que no se dan en nuestro distrito, pero que se los promueve en otras ciudades, precisamente en El Alto, donde se facilita la instalación de nuevas industrias.
Por una serie de incongruencias, propias de condiciones adversas al interés de inversionistas deseosos de asentar emprendimientos industriales en el distrito de Oruro, es que las condiciones de política laboral se hacen más difíciles de cumplir porque la economía regional se mantiene deprimida en tanto no se definan planes de desarrollo con una amplia voluntad política que asegure rendimiento, buenos salarios y sostenibilidad garantizada.
En cada distrito hay problemas diferentes, no en todos se cumple el factor de la teoría macroeconómica, que en realidad tiene características de globalidad pero alejadas de la realidad departamental que en materia de ingresos y cumplimiento de metas difiere bastante entre lo que se percibe y lo que se gasta obligadamente.
Por esos razonamientos que son parte de los empresarios nacionales y de manera especial de los distritos deprimidos económicamente, la negociación salarial debe ser un proceso de amplio diálogo entre las partes comprometidas en el hecho social, trabajadores, empresarios, Estado y la entidad laboral, permitiendo un debate amplio, racionalmente planteado y que se ajuste a las posibilidades de política social, en función a la inflación, al movimiento del PIB y a las reales posibilidades del sistema productivo nacional.
Lo que debe lograrse es un porcentaje de incremento salarial factible de pagarse sin comprometer el sostenimiento de empresas, pues si hay algo peligroso en un desmedido e irracional aumento de salarios, es la reducción de empleos y el cierre de algunas empresas.
Fuente: LA PATRIA
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