El derecho a la información está en el corazón de la democracia. Sólo una ciudadanÃa que está bien informada sobre las intenciones y acciones de sus lÃderes electos, puede contribuir de forma efectiva al proceso de toma de decisiones que afecta su futuro. En el sentido más básico, la participación democrática depende de la habilidad de los ciudadanos de acceder a la información que necesitan para tomar el control dentro de la sociedad.
El derecho a la información, si se implementa correctamente, permite un diálogo entre el público y sus gobernantes, cultiva la buena gobernanza y promueve la rendición de cuentas al empoderar a los ciudadanos, los periodistas y la sociedad civil en general con la información que requieren para luchar contra la corrupción y actuar como vigilantes contra abusos por parte de las autoridades.
De manera más general, democratizar el acceso a la información, en particular la información en manos de entidades públicas, fomenta un clima polÃtico de apertura, transparencia y participación, que es la base de una democracia legÃtima.
Es indispensable sostener que, "La idea de que las entidades públicas tengan en su poder información, no para ellos, sino como custodios de los bienes públicos, está ya bien implantada en las mentes de la gente alrededor del mundo."
Tanto en los paÃses industrializados como en los que están en vÃas de desarrollo, las leyes sobre el derecho a la información tienen gran potencial para fortalecer la transparencia de las instituciones de los gobiernos representativos, lo que permite a los ciudadanos y a los movimientos de la sociedad civil obtener información y movilizar a coaliciones en relación con cuestiones polÃticas.
Aunque una buena ley no es suficiente para lograr el derecho a la información, es una precondición necesaria, la plataforma sobre la cual la realización de este derecho se debe construir.
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