Derecho a la información

El derecho a la información está en el corazón de la democracia. Sólo una ciudadanía que está bien informada sobre las intenciones y acciones de sus líderes electos, puede contribuir de forma efectiva al proceso de toma de decisiones que afecta su futuro. En el sentido más básico, la participación democrática depende de la habilidad de los ciudadanos de acceder a la información que necesitan para tomar el control dentro de la sociedad.

El derecho a la información, si se implementa correctamente, permite un diálogo entre el público y sus gobernantes, cultiva la buena gobernanza y promueve la rendición de cuentas al empoderar a los ciudadanos, los periodistas y la sociedad civil en general con la información que requieren para luchar contra la corrupción y actuar como vigilantes contra abusos por parte de las autoridades.

El concepto del derecho a la información se basa en que las autoridades son simplemente los guardianes de la misma para la sociedad, y que la información que está en manos del Estado es también propiedad de la sociedad. Cuando la transparencia reemplaza los secretos y el poder se expone al escrutinio público, los abusos se pueden frenar, la opinión pública se puede incorporar, y el Estado puede rendirle cuentas al interés público. Todos los países del mundo necesitan un sistema de equilibrio a la toma de decisiones en el ejercicio del poder público, particularmente mediante el derecho a la información y la supervisión pública que esto permite.

La interdependencia entre la libertad de expresión y el derecho a la información debería ser evidente. En versión de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos, la censura viola no sólo el derecho de cada individuo a expresarse, sino también el derecho de cada persona a estar bien informada. La simbiosis de estos derechos, sin embargo, es producto de décadas de campañas, definición de estándares y jurisprudencia. El hecho de que el derecho a la información ya se considere como derecho humano fundamental subraya la persistencia del discurso sobre los derechos para permanecer relevante en un mundo que cambia rápidamente, donde la tecnología y la información son más decisivas que nunca. El derecho a la información goza, hoy en día, de un valor global sustancial como un aspecto de la libertad de expresión.

Aunque el derecho de acceder a la información en manos de entidades públicas se reconoció hace más de 200 años en Suecia, sólo 13 países habían adoptado leyes sobre el derecho a la información en 1990 (a menudo conocidas como Leyes de Libertad de Información o de Acceso a la Información), y de éstos, sólo uno estaba en Latinoamérica. Los siguientes veinte años, sin embargo, fueron testigos de una explosión de leyes sobre el derecho a la información, con más

de 80 leyes de este tipo adoptadas alrededor del mundo, incluyendo 11 en América Latina, y con unas 30 más, bajo consideración en el mundo.

El reconocimiento del derecho a la información también se refleja en la creciente consulta de los movimientos de la sociedad civil y las declaraciones y estándares internacionales de entidades como las Naciones Unidas y los sistemas de defensa de los derechos humanos a nivel regional.

Es indispensable sostener que, "La idea de que las entidades públicas tengan en su poder información, no para ellos, sino como custodios de los bienes públicos, está ya bien implantada en las mentes de la gente alrededor del mundo."

Tanto en los países industrializados como en los que están en vías de desarrollo, las leyes sobre el derecho a la información tienen gran potencial para fortalecer la transparencia de las instituciones de los gobiernos representativos, lo que permite a los ciudadanos y a los movimientos de la sociedad civil obtener información y movilizar a coaliciones en relación con cuestiones políticas.

Aunque una buena ley no es suficiente para lograr el derecho a la información, es una precondición necesaria, la plataforma sobre la cual la realización de este derecho se debe construir.

Aquellos sobre quienes cae la tarea de escribir o promover la legislación que garantiza el derecho a la información se enfrentan a muchos obstáculos. ¿Cómo debe diseñarse el régimen de excepciones para lograr un equilibrio adecuado entre el derecho a saber y la necesidad del secreto para proteger ciertos intereses públicos y privados? ¿Hasta dónde debe llegar la obligación de publicar y dar a conocer la información y cómo puede asegurar la ley que esta obligación crece en la misma medida que los desarrollos tecnológicos que reducen de manera significativa los costos de publicación? ¿Qué procedimientos de solicitud de información pueden equilibrar la necesidad de acceso oportuno y barato con las presiones y los escasos recursos a los que se enfrentan los funcionarios públicos? ¿Qué derecho de apelación deben tener los individuos cuando se les niegan las solicitudes de información? ¿Qué medidas positivas se tienen que tomar para cambiar la cultura del secreto que tiene la administración pública en tantos países, y para informar al público sobre este derecho?

Como respuestas a estas interrogantes, nace la necesidad de trabajar en el Derecho a la información, como pieza fundamental para construir un Estado de Derecho Democrático fortalecido y transparente y promulgar su legislación con la protección y la promoción del derecho a la información de acuerdo con su objetivo estratégico de mejorar el acceso universal al conocimiento y tener presente que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a estar oportuna, veraz e imparcialmente informados; y ejercer su derecho a la réplica, al respecto la Constitución Política del Estado en el Ar. 21 numeral 6 indica que todo las personas tiene derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o Colectiva.

* Ingeniero