Caso taladros: Novillo y Arce ven falta de voluntad de YPFB y retoman el caso

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El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, y el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, denunciaron falta de voluntad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para esclarecer el proceso de licitación y adjudicación para la compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, y determinaron retomar el caso que fue devuelto al directorio de la estatal petrolera por no ir acompañado del fundamento ni del petitorio.

Durante una conferencia conjunta, Novillo lamentó que a pesar que el directorio de YPFB determinó derivar a la Contraloría General del Estado (CGE) y a la Fiscalía el informe con las observaciones de tipo administrativo, legal y técnico al proceso de contratación de las tres perforadoras, la petrolera estatal no haya cumplido con los requisitos formales provocando que el Ministerio Público devuelva la documentación.

El Jefe de la Unidad de Transparencia y hombre de confianza del Presidente Evo Morales ratificó que la contratación de Drillmec para la provisión de los taladros por 148 millones de dólares fue incorrecta, pues la compañía no habría presentado documentos que hacen a la estructura central de un proceso de contratación, como la constitución de la empresa y el registro tributario, mientras que el poder para la propuesta solo era una fotocopia.

Novillo señaló que cuando la Unidad de Transparencia advirtió en octubre del año pasado sobre algunas irregularidades en el proceso de licitación y de contratación de los taladros, tomó contacto con la Procuraduría, a cargo entonces del actual Ministro de Justicia, quien puso a disposición de la investigación un equipo de abogados.

El Ministro de Justicia confirmó que una primera investigación del caso taladros advirtió de posibles indicios de actos irregulares. "Estamos al tanto de los elementos, no conocemos el informe final, pero tenga la certeza que vamos a actuar con la mayor rapidez, máxima tecnicidad y objetividad sobre un tema que ha sido absolutamente sensible y que ha connotado la atención", aseguró Arce al Jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos.

Sin embargo observó que el directorio de YPFB, siendo una entidad controladora y fiscalizadora de la estatal petrolera, no haya enviado directamente su informe sobre la denuncia presentada por la Unidad de Transparencia. "No conozco a profundidad el procedimiento final, pero entiendo que el procedimiento debería ser excluyéndolo al Presidente de YPFB por ser parte involucrada, el directorio tiene la capacidad de actuar por sí solo", señaló.

En coincidencia con Novillo, el ministro Arce aseguró que la lucha contra la corrupción será de manera frontal y decidida. "Tenemos el mandato de nuestro Presidente, cero tolerancia a la corrupción (�). Vamos a ser implacables y vamos a actuar con la máxima objetividad, nuestro objetivo no es perjudicar a nadie, no es beneficiar a nadie", sostuvo.

Seguridad

jurídica es para

el Estado

Ante la advertencia de la empresa Drillmec de iniciar acciones legales en contra del Estado por considerar ilegal la suspensión de la compra de los taladros, el titular de Justicia dijo que pueden acudir a la instancia que vean conveniente.

"Las empresas tienen todo el derecho de hacer lo que les parezca, nosotros somos un Estado soberano y si algo hemos hecho estos años es que la seguridad jurídica en primera instancia es para el Estado, es para los bolivianos, para el pueblo boliviano y no para las empresas. Bolivia es un país que ha nacionalizado, ha recuperado sus recursos", aseveró.

Drillmec advirtió a YPFB con acciones legales de concretarse la recisión del contrato y anunció que acudirá a instancias internacionales imparciales para que determinen si hubo o no falta de transparencia en el proceso de adjudicación y contratación.

El representante de Drillmec, Simone Trevisani en una carta enviada al presidente de YPFB, Guillermo Achá, el 4 de enero, recuerda que la firma presentó boletas de garantía de cumplimiento de contrato como de correcta inversión de anticipo, por 80 millones de dólares, lo cual significó paralizar recursos financieros de la empresa.

Sostiene que comunicar a la Bolsa que el contrato reportado como firmado y vigente está siendo desconocido por el Estado boliviano tendría "desastrosas consecuencias legales contra los ejecutivos de Drillmec, implicando pago de daños y perjuicios a los accionistas como encarcelamiento de los principales ejecutivos, según la normativa italiana mencionada con referencia a estos procesos bursátiles".

Fuente: La Paz, 29 (ANF)