Un fallo con falla social

Cuando todo parecía favorable a las expectativas de los trabajadores en función a planteamientos presentados al Gobierno en un pliego petitorio que aún no ha sido considerado en su integridad, como el caso salarial, resulta que el pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) para que se anule de la legislación vigente los "preavisos", se cumplió con determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que eliminó tal figura en la Ley General del Trabajo pero además por "lógica consecuencia" también el artículo 12 de ese instrumento legal.

No pasaba aún la satisfacción de los trabajadores, al saber que los preavisos ya no serán aprovechados para echar a los trabajadores, cuando el mismo Gobierno advirtió que el fallo del TCP que elimina la figura del preaviso y el Art. 12 de la Ley General del Trabajo, crea más causales de despido en perjuicio de los trabajadores que más bien resultan desamparados.

Se menciona claramente que "los efectos de la Sentencia Constitucional 009/17 emitida por la Sala Plena del TCP, al declarar inconstitucional el Art. 12 de la Ley General del Trabajo "son demoledores". Dicha sentencia afecta los intereses, derechos y garantías de todos los trabajadores que están al amparo de la ley pertinente. La apreciación corresponde al viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Gonzalo Trigoso, quien explicó que "dicha sentencia no dejó sin efecto el preaviso laboral, sino que se eliminan las modalidades de contrato y la fórmula de cálculo del desahucio". Trigoso ex ministro de trabajo, señaló que la COB "nunca debió pedir la eliminación del Art 12.

Lo que se advierte en la actualidad es que el TCP con la eliminación del Art 12, fue más allá de cualquier previsión al incorporar "causales de despido", factor que se vuelve en contra de los asalariados. Por ejemplo se menciona que los empresarios "podrán aplicar el tipo de contrato que quieran y no será una relación obrero patronal, sino de la naturaleza que decidan", y algo más, "el desahucio ya no será calculado por los tres últimos salarios recibidos, como establecía el ahora Art. eliminado".

La Confederación de Empresarios Privados se sumó a las críticas del Gobierno y denunció que "la decisión constitucional generó un vacío legal, solicitando a las autoridades gubernamentales restituir el equilibrio socio-laboral a través de mecanismos legales".

La COB entra en un claro entredicho, según la opinión de expertos, pues está criticando la posición del ex ministro laboral y plantea que el Gobierno y los asambleístas aprueben una nueva ley laboral "para enterrar definitivamente las normas que vulneran los derechos laborales". El ejecutivo de la COB emplazó a un debate a la ex autoridad laboral, acusándola de defensor de intereses empresariales.

Por todo lo que se observa, hay un hecho muy concreto y es que la dirigencia del organismo laboral actúa de manera "emocional", sin respaldo legal de ningún tipo, carece de asesores y sus planteamientos como los que ahora son observados, están fuera de los verdaderos intereses socio laborales que deberían defender fuentes de empleo seguras, con garantías para empleadores y trabajadores. Mientras tanto la determinación del TCP, es un fallo con falla social.

Fuente: LA PATRIA