Funcionarios públicos autosuficientes

Cuando la autosuficiencia es práctica común en ciertos niveles de la administración pública, quienes la practican generalmente se sienten respaldados por ciertas corrientes político administrativas que facilitan la comisión de actitudes atrabiliarias que perjudicando a la ciudadanía proporcionan ventajas y ganancias a osados transgresores.

En los pasados días, la información periodística dio cuenta de varios casos, que por sus características muestran claramente abiertas infracciones, permitidas por buen tiempo, bajo un disimulado patrocinio de autoridad superior, alterando normas de respeto que, de manera general, cumplen los ciudadanos, excepto algunos que, valiéndose de condiciones coyunturales, transgreden disposiciones vigentes y atentan los derechos de las personas.

Un caso como muestra el uso arbitrario de la vía pública, parte de una calzada utilizada para el negocio de una chicharronería, cuya propietaria resulta ser una concejala que, en total desconocimiento de las normas municipales, mantuvo por mucho tiempo fogones instalados en la calzada, utilizando además parte de una acera, en claro perjuicio de la vecindad del sector que demandó soluciones a tan flagrante arbitrariedad. La autoridad tiene 40 días más para retirar sus fogones, situación que en otra instancia, seguramente se hubiera cumplido en cuestión de horas� pero las situaciones no son iguales para todos.

Pero no es todo, pues surgen advertencias contra funcionarios municipales supuestamente comprometidos en hechos de corrupción y que los mismos estarían siendo "cubiertos" por la autoridad superior, tratándose de un "pago de facturas" entre militantes afines a un movimiento ciudadano que apareció también arrimándose al partido oficialista, de ahí que muchas cosas pasan desapercibidas y mucha gente indemne a las sanciones que deberían aplicarse por igual a funcionarios infractores de normas comunales.

Estos hechos que se mueven en medio de presiones partidarias se vuelven casi rutinarias en diversos niveles de la administración pública, por lo mismo lo que observamos en nuestra ciudad no es una novedad, pero si una prueba más y suficientemente fehaciente de que "todo vale" cuando se actúa al amparo de un implícito contubernio entre partes con iguales camisetas.

Hay necesidad de restablecer condiciones de respeto a la normatividad institucional, lo que significa que las irregularidades cometidas especialmente por funcionarios o personeros de la administración pública, máxime si ocupan cargos de cierto nivel y representatividad sean denunciados públicamente y sancionados con el mayor rigor, para sentar precedente de una acción que defiende intereses comunes y no sectarios.

Está faltando que comisiones institucionales de base, el caso de los vecinos, organismos cívicos y laborales, expresen su voluntad de asumir defensa de los derechos ciudadanos, cuidando que las instituciones públicas no sean reducto de malos funcionarios autosuficientemente transgresores.

Fuente: LA PATRIA