Personas con discapacidad aún sufren discriminación al optar un empleo

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A días de iniciarse el diagnóstico institucional para determinar la cantidad de personas con discapacidad que trabajan actualmente en instituciones públicas y privadas, el jefe de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad del Gobierno Autónomo de Oruro (Gador), Daniel Villcarani, manifestó que, pese a leyes y normas, las personas con discapacidad intelectual y múltiple aún sufren discriminación en entidades públicas y privadas al momento de querer optar un empleo.

"En algunas instituciones públicas, al saber que una persona quiere acceder a un trabajo, lo que preguntan primero es qué tipo de discapacidad tiene, dentro de la base de datos tenemos con formación técnica personas con discapacidad intelectual y múltiples, pero las instituciones no siempre nos reciben con esa amabilidad o ese gusto para incorporarlos, pues las instituciones aún no son conscientes de que deben incorporar a esas personas, pese a que existe la Ley Nº 045 (contra el racismo y toda forma de discriminación), aún existe discriminación", explicó Villcarani.

Respecto al diagnóstico que dicha institución contempla comenzar el 20 de marzo, Daniel Villcarani indicó: "Este diagnóstico es importante para nosotros como institución para determinar la cantidad de personas que trabajan actualmente en instituciones públicas como privadas, respaldados en el Decreto Supremo 27477 para que las diferentes instituciones tengan en sus planillas el 4% personas con discapacidad como mínimo".

El Decreto Supremo Nº 27477 pretende promover la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral, en tareas manuales, técnicas o profesionales en las que sean aptas, también prevé que entidades, instituciones, superintendencias y empresas públicas; las Fuerzas Armadas; Policía Nacional y; prefecturas de departamento; así como, los gobiernos municipales, universidades públicas y las instituciones o cooperativas privadas que prestan servicios públicos, tendrán la obligación de contratar a personas con discapacidad, en un promedio mínimo del 4% del total de su personal.

En cambio las instituciones privadas deberán contratar con carácter preferente a personas con discapacidad, en aquellas tareas en las que éstas puedan desempeñarse en igualdad de condiciones con otras personas.

Tras conocer los resultados, la Unidad de la Persona con Discapacidad en coordinación con otras instituciones que trabajan con este sector de la sociedad impulsarán la inserción laboral de dichas personas, Villcarani comentó que muchas personas dejaron sus "files personales" en espera de beneficiarse con algún puesto de trabajo en alguna institución.

Fuente: LA PATRIA