Bolivia avanza para desterrar el machismo y la discriminación de los juzgados

El �rgano Judicial de Bolivia se ha propuesto desterrar el machismo y la discriminación de los juzgados del país, para lo cual aprobó una guía para que se dicten sentencias sin los típicos sesgos negativos para las mujeres, como el buscarles culpas cuando son víctimas de un ataque sexual.

Las bases para lograr este objetivo se encuentran en el "Protocolo para juzgar con perspectiva de género", presentado esta semana en La Paz dentro de la política de igualdad de género instaurada en 2015 en el Poder Judicial boliviano.

Las autoridades judiciales explican que con esta iniciativa, respaldada por la Cooperación Suiza y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), se busca contribuir a la aplicación de las normas aprobadas en defensa de los derechos de las mujeres.

La abogada Gabriela Sauma, consultora de la Oacnudh para la elaboración del protocolo, explicó a Efe que las convenciones internacionales aprobadas en las últimas décadas para eliminar la violencia y discriminación hacia las mujeres apuntan a que los Estados adopten medidas para lograr que la desigualdad se revierta.

Aunque el país ha dado pasos importantes en los últimos años mediante la aprobación de normas en favor de la mujer, el Gobierno de Evo Morales y organizaciones feministas señalan que la aplicación plena de esa legislación requiere el acompañamiento de la Justicia.

La existencia del protocolo responde precisamente al hecho de que en Bolivia todavía se dictan sentencias con sesgos negativos para la mujer, reconoció el Comité de Género del �rgano Judicial.

Así, para elaborar la guía, se hizo un análisis de sentencias y resoluciones en el que se vio que, por ejemplo, en algunos casos de delitos de violencia sexual, se terminó juzgando la conducta de la víctima y no al acusado.

"En vez de juzgar al hombre, se juzga la conducta de la mujer, las horas en las que estaba en la calle, la forma en que estaba vestida, el que no haya gritado, el que no haya buscado ayuda, revictimizando a la mujer y echándole la culpa de la agresión sexual sufrida", lamentó Sauma.

El caso emblemático en este sentido es la violación de una mujer identificada como M.Z., ocurrida en 1994 en Cochabamba (centro), que dio lugar una década después a un proceso que obligó al Estado a dar pasos para reconocer sus errores y la perspectiva de género.

El acusado del caso fue sentenciado a solo cinco años de prisión, después de que el juzgado diera por válidos argumentos como que "el hombre no tenía la contextura física, era más pequeño que ella como para consumar el hecho", recordó el Comité de Género.

La víctima apeló el fallo en busca de una pena mayor, pero esto resultó peor, pues el hombre terminó eximido de culpa.

El suceso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "porque a nivel interno no se dio una respuesta idónea para la defensa de los derechos de la víctima", indicó Sauma.

Dentro de la solución a la que se arribó en la CIDH en 2008 por la demanda de M.Z. contra el Estado, éste se comprometió a adoptar la visión de género y a que un porcentaje de las asignaturas del curso inicial de jueces tenga un componente vinculado a género y a los derechos de las mujeres, recordó la jurista.

También se ha visto algunos fallos judiciales que restaban crédito al trabajo doméstico y negaban la libertad condicional a mujeres encarceladas dedicadas a esa actividad, con el argumento de que carecían de certificados laborales. "Esa es una forma de juzgar con sesgo de género porque no se está reconociendo el valor del trabajo doméstico, ni el trabajo realizado por las mujeres", sostuvo Sauma.

El protocolo cuenta con tres partes, la primera explica qué es la perspectiva de género dentro de los derechos humanos y la segunda da los parámetros para juzgar bajo esa óptica.

La tercera parte incluye herramientas para la aplicación de la perspectiva de género, incluidos los estándares internacionales recogidos en pactos, convenciones y declaraciones sobre el tema. Para elaborar la guía se tuvo en cuenta documentos similares realizados en Colombia, Guatemala y México, así como el Protocolo Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género de la Oacnudh y ONU Mujeres.

Fuente: La Paz, 11 (EFE).-