Parece que no es suficiente todo lo que se ha hecho al presente para defender los derechos y la dignidad femenina, tomando en cuenta que en lugar de disminuir se han incrementado los hechos de violencia, llegando a feminicidios que como no sucedía antes ahora son repetitivos y con muestras de una insana crueldad.
Si bien existe un marco normativo sobre la materia, se ha visto que los resultados de su aplicación no alcanzan a sensibilizar a un sector de fuerte influencia patriarcal que lastima la humanidad de mujeres, niñas, jóvenes y adultas, dejando en muchos de los casos la consecuencia dolorosa de orfandad, destrucción de familia y secuelas que tardan mucho en restablecer la vida con seguridad y dignidad.
Frente a esos hechos que lastiman los más altos sentimientos en la estructura de los núcleos familiares, es que el Gobierno ha oficializado la creación mediante Decreto Supremo de un Comité Interinstitucional, que tendrá en su conformación representación de siete ministerios, que trabajarán en el establecimiento de normas actualizadas para impulsar y garantizar el cumplimiento de todas las leyes relacionadas con los derechos de las mujeres.
En la idea de las autoridades, el flamante comité mixto será responsable de implementar una política pública integral para garantizar una vida digna de las mujeres bolivianas. Para un buen sistema operativo y una eficiente coordinación de servicios, trabajarán en el comité representantes de los ministerios de Justicia, Educación, Salud, Gobierno, Cultura y Trabajo además de Comunicación, y lo harán bajo agendas definidas anteladamente que priorizarán el control en la aplicación de las leyes y normativas que defienden los derechos femeninos.
Si bien el esquema ya aprobado refiere la realización de una reunión anualmente convocada por el ministerio de Justicia y se considerará la aprobación y actualización de normas cada cinco años con resoluciones multiministeriales que involucrarán políticas púbicas integrales en defensa de las mujeres, se estima necesaria una explicación más concreta sobre la materia, pues el asunto es de preocupación latente, la recurrencia de los delitos contra las mujeres aumenta y se necesita poner un freno a tal situación, por consiguiente en la medida que se demore la consideración y actualización de normas, la amenaza contra la seguridad femenina seguirá latente y es lo que necesita un cambio radical.
Hay que señalar que esta nueva propuesta surge después de cuatro años de vigencia de la denominada "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es el instrumento signado con el número 348, que entre otras cosas debe sancionar el feminicidio hasta con 30 años de cárcel e identificar e igualmente aplicar castigos por diferentes formas de maltrato, aspectos que en los hechos no se aplican como manda la ley, dando paso a una abierta discriminación que sigue siendo causa de la creciente violencia contra la mujer.
La creación de un "comité" para aplicar normas en defensa de las mujeres, no solucionará el problema si su funcionalidad se enmarca a reuniones anuales y sin operatividad práctica. Activistas femeninas y con justificada razón exigen al Gobierno declarar alerta contra la violencia femenina y la aplicación de las sanciones más severas por maltrato a las mujeres. En cuestión de los últimos meses se han registrado 20 casos de feminicidio, algo alarmante.
Fuente: LA PATRIA
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