Han pasado décadas para reconocer el trabajo que han realizado las mujeres en los diferentes campos: desde la familia, el hogar, el trabajo en distintas áreas, la polÃtica y el fortalecimiento de la democracia en todas partes del mundo.
Desde las heroicas luchas de la mujer por obtener el voto hasta los actuales esfuerzos -concertados en todos los paÃses del mundo- para establecer cuotas y reservas con el fin de aumentar el número de mujeres elegidas como representantes en las Asambleas, las mujeres han tenido siempre un fuerte interés en la democracia. Han reconocido que la participación democrática es el medio fundamental para que los intereses de la mujer estén representados y recibir una respuesta normativa socialmente legÃtima y sostenible. Si las mujeres necesitan de la democracia, la democracia también necesita de las mujeres.
El número, notablemente reducido, de mujeres que ocupan cargos públicos se cifra actualmente en un promedio mundial de aproximadamente 36,7% en las asambleas nacionales, y éste es un déficit que debe corregirse. El aumento de la participación de las mujeres ocurre en todos los niveles de gobernanza democráticos, desde los niveles locales hasta los niveles nacionales y regionales, diversifica el carácter de las asambleas democráticas y permite que la adopción de decisiones públicas responda a necesidades de los ciudadanos que pueden haber sido dejadas de lado en el pasado.
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Los gobiernos democráticos deben brindar espacios de poder a las mujeres sin intereses sectoriales o de grupo con el objetivo de apoyar los esfuerzos encaminados a aumentar la participación de las mujeres en las listas para ocupar cargos públicos. De igual forma promover la capacidad de las mujeres como legisladoras responsables y eficaces. Una vez elegidas, es primordial trabajar en polÃticas de equivalencia para conseguir garantizar la igualdad entre los géneros en la participación polÃtica con el objetivo de lograr mejores relaciones cuantitativas entre hombres y mujeres durante el trabajo de un periodo eleccionario.
Los estados democráticos deberán apoyar las iniciativas para aumentar la actividad polÃtica de la mujer antes y después de las elecciones. Trabajando en el periodo eleccionario para promover la capacidad de las candidatas y establecer un enfoque que atienda el concepto de género en las instituciones principales dentro del contexto de las elecciones, desde la participación de las mujeres en los órganos electorales de las agrupaciones polÃticas incorporando enérgicos elementos de lucha contra la discriminación a fin de asegurar que las candidatas reciban la misma cantidad y calidad de cobertura que los hombres.
Es importante pensar en la nueva Ley de Organizaciones PolÃticas (LOP) para fomentar y trabajar con los partidos polÃticos alentando la presentación de candidaturas de mujeres dirigentes. También apoyando los esfuerzos destinados a permitir que los partidos polÃticos incorporen prioridades nacionales sobre la igualdad entre los géneros en las plataformas de sus campañas polÃticas en los programas legislativos, y que los candidatos propongan y aboguen enérgicamente por la igualdad entre los géneros.
Después de las elecciones, fortalecer la capacidad y el trabajo de las mujeres para exigir polÃticas en materia de igualdad entre los géneros de todos los asambleÃstas elegidos, creando grupos de observación y control para la aplicación de Leyes, reglamentos y disposiciones para lograr mayor participación de las mujeres en la elección de las directivas de comisiones y proyectos de trabajo mujeres, como principio de paridad y alternancia en el poder.
Con los espacios ganados por el triunfo de las candidatas es indispensable trabajar con las elegidas a la asamblea legislativa en la elaboración de diversos proyectos encaminados a mejorar la gobernanza democrática, aumentar la responsabilidad de la mujer, con el objeto de promover la transparencia y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, encaminada a mejorar la calidad de la gobernanza desde la perspectiva de la capacidad de las mujeres para tener acceso a los servicios públicos y exigir responsabilidad por los servicios de calidad en las instituciones del Estado.
Es indispensable prestar especial atención a la eliminación de posiciones discriminatorias en la legislación y las polÃticas existentes, asà como a la inclusión de disposiciones de igualdad entre los géneros que estén de acuerdo con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, apoyando en la inclusión de disposiciones de igualdad entre los géneros y la elaboración de nuevas Leyes que incluyan la participación plena de la mujer.
Algunos cambios importantes logrados incluyen la criminalización de todas las formas de acoso sexual y el establecimiento del derecho de las hijas a heredar la tierra de la familia.
La aplicación de la normativa legal que garantice el respeto a los derechos de las mujeres para evitar problemas desde la perspectiva de género que puedan dar lugar a prejuicios y objeciones en el trabajo que desarrollan encaminando el funcionamiento de las instituciones de supervisión de forma tal que impidan el abuso de poder, acoso laboral y sexual en las instituciones públicas y privadas en busca del establecimiento de responsabilidades adecuadas por abusos a los derechos de la mujer. Establecer un programa de reforma institucional para garantizar la responsabilidad de las mujeres en las esferas de la competencia polÃtica, social y la actividad económica.
No se debe olvidar que "una estructura polÃtica no es totalmente democrática si no se cuenta con suficiente representación femenina" y "ningún gobierno puede declararse democrático hasta que no se garantice la igualdad de representación a las mujeres."
(*) Ingeniero