Jueves 02 de marzo de 2017
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La corrupción en América Latina es un cáncer que sigue haciendo metástasis. Son varios los Jefes de Estado y centenares los Ministros que, en las últimas dos décadas, han sido objeto de investigación por supuesta comisión de diversos delitos. Cada año son más reveladores los movimientos ocultos detrás de los fondos del Estado de "altos servidores" estatales, en Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Haití. El alcance de la megacorrupción de Odebrecht, por ejemplo, llega a Estados Unidos e, incluso, África.
La mayoría de los casos seguidos han tenido que ver con tráfico de influencias y lavado de activos. ?stos han tenido efectos importantes en la política de cada país, al punto de producir la debacle de Gabinetes y de Presidentes como Alberto Fujimori, Dilma Rousseff y Otto Pérez Molina. En la última semana es el ex presidente peruano Alejandro Toledo (otro caído por Odebrecht), hace noticia, pues pesa sobre él orden de captura internacional para que cumpla la decisión judicial de prisión preventiva de 18 meses, mientras es procesado.
Pero, ¿acaso el centralismo imperante impide ver a los latinoamericanos que la corrupción no sólo campea en sus ciudades capitales y en las altas esferas sino también en los municipios, provincias y en los departamentos o regiones? ¿Un acto de corrupción que involucra la pérdida de 3,000 soles, pesos o dólares es tan minucia que no merece mayor atención? No por su ubicación y sus montos estos casos son menos trascendentes, lo que interesa no es el monto apropiado sino la descomposición del poder político y burocrático y la tolerancia social a la corrupción en nuestros países.