Todo ha mostrado en los últimos dos años, que el objetivo mayor del partido de gobierno es asegurarse el poder de mandar y disponer del país; para la colectividad nacional no se concibe la idea de tener siempre a las mismas autoridades y al mismo partido como si fuese una comunidad comunista donde el unipartidismo y la supremacía de una persona, al estilo stalinista, sean lo permanente, lo único, lo irremplazable e intocable.
Luego de los resultados del referendum del 21 de febrero de 2016, el reconocimiento del "NO" fue categórico no solamente por la población que votó sino por la que estuvo ausente de las ánforas y, lo importante, por el propio Presidente de la República y su entorno; sin embargo, muy poco después se alegó que ese resultado "fue efecto de la mentira con el caso Zapata que habría influido sobre la población". Un criterio que desconoce la capacidad del pueblo para razonar, pensar, sentir y saber cuáles son sus urgencias y necesidades; menospreciar al pueblo al endilgarle semejante razonamiento resulta absurdo por todo lado.
El caso que fue efecto de lo que haya hecho o no el Presidente en su vida personal, mayormente no tuvo importancia en la colectividad a más de saberse de comportamientos que no debieron ser; pero, creer que tuvo influencia en el elector, no cabe como razonamiento que raya en lo absurdo e ilógico. La decisión ciudadana fue consciente, responsable y efecto de convicciones muy claras para defender la Constitución y exigir su plena vigencia y que no esté supeditada a intereses personales o de partido.
El 21 de febrero de 2016 fue categórico y definitivo; es, además, efecto del sentimiento y pensamiento de una población que sabe pensar y decidir qué es lo conveniente para el país: la alternabilidad en el poder. Para el partido de gobierno debería primar el principio de que es bueno que se reconozca el derecho de todos los bolivianos para elegir a quienes lo gobiernen y no esté supeditado eternamente a la voluntad de un partido o una persona que, más a la corta que a la larga, deben entender que no pueden estar ajenos a las leyes y menos realizar una mala administración.
El pasado 21 de febrero ha sido, simplemente, una ratificación de lo que el pueblo quiere: respeto a la Constitución y las leyes al respetarse los resultados del referendum que fue convocado con ese objetivo. El que se lo descalifique tan sólo por conveniencias personales o partidistas, no comulga con el sentir del propio gobierno que, conciencialmente, tiene que reconocer la verdad aunque duela, un dolor que puede enseñarle que lo mejor es caminar siempre por los senderos de la institucionalidad.
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