21 de febrero y la pérdida de la legitimidad política

En las últimas semanas, en vísperas del 21 de febrero, cuando se recuerda el primer año del acto democrático, vía referendo, en el que se rechazó la posibilidad de que el actual Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, vuelva a postular a las elecciones de 2019 como candidato presidencial: los partidos políticos y organizaciones ciudadanas, además del hombre o mujer de a pie, se pronuncian sobre el tema en distintos sentidos y con visiones muy contradictorias y reveladoras del asunto que preocupa a todo un país.

Y la legitimidad, en el actual contexto totalizante, no es solamente un concepto, sino una razón política que descansa en el funcionamiento transparente de un sistema democrático. El pueblo boliviano le dio un carácter legal o lícito a las actuaciones del régimen que actualmente nos gobierna en las elecciones de 2014. ¿Y se puede perder parcial o totalmente la legitimidad? La respuesta es sí, dependiendo de las acciones del poder constituido. La legitimidad no es un hecho estático, inmutable, sino que se caracteriza por su volatilidad. Lo que hoy es legítimo, puede no serlo mañana. Además, ¿se puede recuperarla? También sí, pero no de golpe, la cosa consiste en volver al rumbo donde prima la confianza del elector.

En este contexto complejo ¿Qué es lo que hizo y hace el MAS? Pretende que la victoria en las elecciones generales de 2014 es un certificado de impunidad para sus acciones futuras, pasando inclusive por el desconocimiento de algunos principios y artículos de la Constitución de 2009. Así, en el pasado logró que el Tribunal Constitucional convalide espuriamente la postulación de Evo Morales Ayma en las elecciones de 2014, hecho que le deslegitimó parcialmente. Posteriormente, hace casi un año, los movimientos sociales afines al régimen lograron la realización de un referendo para materializar otra postulación del actual Presidente para un periodo más (el cuarto), del 2015 al 2020. Fueron rechazados por el voto ciudadano.

El referendo del 21 de febrero de 2016 implica un hecho vinculante por sus resultados si nos atenemos a lo que dice el Derecho Constitucional y el tema resuelto por el voto no puede volver a ser tratado en este mismo periodo de gobierno. No obstante, el MAS insiste en la repostulación por otras vías que son, en esencia y forma, anticonstitucionales, con lo que se pierde la legitimidad ganada el 2014. Y en este intento desesperado se cae en aberraciones jurídicas como la trasnochada propuesta de declarar la nulidad del referendo del año pasado o la de resolver el tema vía pronunciamiento perverso del malhadado Tribunal Constitucional.

En esencia, se puede recurrir a muchas otras fórmulas ya fuera de las reglas democráticas. La legitimidad solamente se adquiere o preserva, en este contexto, por la vía democrática, lo contrario, significaría que el Estado plurinacional pierda el monopolio de la fuerza legítima y líneas populares se crean con el derecho racional a desconocer el poder constituido y plantear otras salidas fuera del orden democrático actual. Y no lo harían por propia voluntad original, sino impulsadas por las acciones del actual poder.

Son los grupos dirigenciales del MAS los que deben definirse entre dos líneas claramente demarcadas, asumiendo históricamente las consecuencias de su elección, una con ciertas esperanzas de paz y otra con la opción por el desastre:

Preservar las reglas democráticas actuales, aun a costa de renunciar al poder a mediano plazo, no insistiendo en la posibilidad de una repostulación a todas luces ajena a la actual Constitución.

Apostar por la profundización de una tendencia autoritaria que destroce lo logrado con sangre en el periodo de las dictaduras militares y acabe en un totalitarismo secante, rechazado y resistido por la mayoría del pueblo boliviano. La guerra es una posibilidad.