Al comenzar el año, hace más de un mes, las opiniones de autoridades de gobierno, de parlamentarios oficialistas y opositores, políticos, analistas, dirigentes sindicales, profesionales e institucionales, coincidían en "ajustar" tres asuntos que se arrastran de varias gestiones atrás y de la última no se cumplieron por varias razones y fueron causa de algunos conflictos, de frustraciones y de ciertas situaciones que todavía no encajan en el marco de respeto a los derechos ciudadanos, en el cumplimiento de promesas y en la anunciada lucha contra la corrupción y la intolerancia.
El inexorable paso del tiempo nos ubica en la séptima semana del año y eso para muchos tiene significación de dudas, al no haberse iniciado de manera práctica el desarrollo de una política renovada de programas socio laborales y menos políticos, para mostrar el interés superior en una tarea abierta de enmendar errores y dar un golpe de timón en la conducción de la nave del Estado.
Se mencionó la urgencia de cumplir ciertos retos en la gestión 2017, y por supuesto en la creencia de que los 10 meses y semanas que faltan serán suficientes para cumplir la "agenda nacional", la misma que debe ampliarse hacia el 2025, tiempo más largo, dependiendo de lo que se comience ahora y no más tarde.
Las opiniones más frecuentes expresaron el sentimiento ciudadano por alcanzar objetivos que reduzcan sustancialmente la pobreza y paralelamente que la corrupción sea desechada en toda la administración púbica ya que significa el mayor daño a la seriedad e imagen nacional. Es necesario también frenar la violencia y establecer condiciones evidentes de seguridad ciudadana y de orden administrativo, las fallas en esos rubros perjudican a la colectividad y alteran las buenas relaciones interpersonales e institucionales.
Si bien se asegura la continuidad de un blindaje a nuestra economía, hay que concretar el efecto que causa la rebaja de precios en las materias primas de exportación, el gas y los minerales para apropiar la economía familiar a una situación real que no es la misma en los hogares bolivianos, al existir aún una brecha que hay que salvarla para que no sean pocos los que saquen provecho al sistema y siga siendo la gran mayoría la que vive con el Jesús en la boca.
El reto primerísimo en su tratamiento y cumplimiento debe ser el fomento al sistema productivo en general, el privado y el estatal, con el resultado de asegurar miles de empleos, que minimicen en el otro frente las condiciones irregulares del contrabando y la informalidad, ambas formas de ataque directo a la industria y el comercio legalmente establecidos, que tributan y aportan a la economía nacional y regional, contribuyendo a la estabilidad de la familia nacional.
Un tema pendiente es el de la justicia que debe recuperar moralidad, rectitud, seriedad y responsabilidad, como base de una nación respetable, digna y sobre todo creíble en el sentido más amplio de la responsabilidad compartida que debe imperar en un Estado de derecho, con un intachable sistema judicial que sea garantía para toda la comunidad, por su independencia y la solvencia de sus magistrados.
El pueblo espera que se cumplan los retos, aún en el periodo de restricciones que puede prolongarse algún tiempo más por la presión de los precios externos. Hay problemas que solucionar, proyectos que cumplir y ejemplos que dar, con una administración eficiente de los recursos del Estado que no son otros que los pertenecientes a los bolivianos.
Fuente: LA PATRIA
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