Es un hecho que el presidente de Argentina oficializó el endurecimiento de su política de migración con una norma que de verdad amenaza la permanencia de ciudadanos bolivianos en ese país y además impide el ingreso regular de nuestros compatriotas en el territorio del vecino país, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo, pues se llegó incluso a la eliminación del pasaporte para el ingreso y salida de personas entre los dos países.
Está claro que para alcanzar el objetivo de radicatoria en ese país, o a la inversa en el nuestro, deben cumplirse algunos requisitos de orden regular que precautelan la seguridad ciudadana y una permanencia de personas dentro los límites de una serie de exigencias que no son otras que garantizar la permanencia segura de una o varias personas, familias que se asienten allí o aquí, respetando las leyes ciudadanas, eso es absolutamente regular.
Pero el caso reciente sale de ese marco cuando una desafortunada declaración de la ministra de seguridad de la Argentina alude a inmigrantes sudamericanos que llegan a su país, procedentes de Perú, Paraguay y Bolivia y tienen relación con actividades de narcotráfico, generalizando de tal modo a todo ciudadano que pretenda ingresar en el territorio vecino.
El hecho ha sido criticado en nuestro país y se han solicitado las explicaciones del caso, pues se trata de una muestra de xenofobia y clara discriminación que altera las buenas relaciones entre los dos países, en su más alto nivel, pues se trata de medidas dictadas por el mandatario argentino, situación que ha sido comparada con las actitudes del mandatario de EE.UU. Donald Trump, que arremete contra los derechos humanos de mucha gente, en una política de abierta discriminación.
Lamentablemente la política migratoria argentina se torna radical, de acuerdo a la apreciación de su ministra que resumió la medida al señalar: "el que tiene antecedentes no entra y el que comete un delito se va", así de radical, sin entender el caso de centenares de bolivianos que no ingresaron recién, que están en ese país desde hace mucho tiempo y que aportan con la fuerza de su trabajo a favor de la producción argentina, son parte de actividades plenamente lícitas, como el trabajo en la construcción, en la producción agrícola, en talleres artesanales y muchos con negocios legalmente establecidos que tributan y son parte de la economía de Argentina, con un problema que más bien es muestra de injusticia al permitir la existencia de factorías en las que se explota a bolivianos en trabajos que no quieren o pueden realizar los argentinos. Una situación denunciada y reclamada en varias instancias, pero deliberadamente ignoradas por las autoridades laborales del país vecino.
Autoridades bolivianas han expresado su total descontento por las apreciaciones de una funcionaria estatal, al generalizar "delincuencialmente" a los bolivianos migrantes, un aspecto que en el más alto nivel diplomático debe ser enmendado, limpiado en términos más claros, pues la ofensa daña la dignidad de nuestra gente y de nuestro país.
Los hechos se han dado de una manera insólita, sin alternativas de poder esclarecer la situación, no sólo de un puñado de visitantes, sino de cientos de ciudadanos bolivianos que aportando legalmente con su trabajo, son parte de la dinámica productiva de ese país y por tanto merecen respeto, consideración y no pueden ser tratados como delincuentes. Seguramente al Papa argentino le disgustará la muestra xenofóbica. La reparación de este daño debe darse en tiempo perentorio.
Fuente: LA PATRIA
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