Democracia y administración de justicia

En el cotidiano caminar, en cercanías del �rgano Judicial pude advertir la cantidad de personas que gritaban a viva voz "Justicia�", "Justicia�". Este tipo de manifestaciones populares se veían temporalmente o eventualmente, sin embargo este último tiempo se está convirtiendo en un movimiento recurrente de personas que se ven afectadas por la incorrecta administración de justicia.

En síntesis"la justicia se ha convertido lenta y ha subido de precio, en tanto que todos los procesos judiciales se eternizan y el pueblo no tiene fe y confianza en los que administran la justicia. El clamor público contra la lentitud de la administración es incesante, general, y aumenta de día en día. Este mal, hecho crónico, produce en el pueblo un desconcierto, un pesimismo, una sensación de malestar tan penosa que no se sabe cómo ha podido prolongarse tanto tiempo, sin haber dado lugar a conflictos en contra del órgano judicial.

Sería recomendable tomar en cuenta lo que dice la Constitución Política del Estado en el Artículo 115. "I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. y "II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", sin dejar de lado las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y la importancia decisiva de evitar la discriminación como derechos indispensables en los procesos de democratización y desarrollo sostenible para iniciar una reestructuración del �rgano Judicial.

�sta breve pero profunda mirada del sistema judicial, traduce probablemente, uno de los pocos consensos de la sociedad y, a su vez, encierra el verdadero sentimiento que tiene la mayoría de la población por el Poder Judicial, sentimiento que ciertamente no es fácil expresarlo literalmente porque duele mucho, pero tampoco es posible seguir ocultando este "desprecio", casi correspondiente al mismo que durante años mostraron nuestros sistemas judiciales por la dignidad del ser humano.

En efecto, el Poder Judicial atrapado por su perfil de cuño colonial, monárquico y vertical, acentuado por su fuerte corporativismo, además de haber hecho de la "justicia" un tema imposible en términos de realización tangible, como en procesos de actuación funcional y de configuración institucional, en un espacio vedado para muchos y accesible para pocos. De hecho, en otros países el Poder Judicial todavía sigue siendo el Poder Público menos democrático de todos, como también sigue siendo un Poder Interdicto.

Sin embargo, la democracia aún con sus propias debilidades, posibilita que la inconformidad, que el descontento del ciudadano se manifieste también en acciones concretas y orientadas a corregir las deficiencias y traspasar las barreras que impiden un orden social más justo.

Por otra parte, es incontrovertible que una cultura política auténticamente democrática se identifica siempre con las iniciativas concernientes a la incorporación de políticas públicas que respondan a las necesidades de amplios sectores poblacionales; a la influencia de la sociedad civil en la elaboración de programas de gobiernos centrales o locales; a la ampliación de derechos, etc. etc., teniendo como actores principales, además de los partidos políticos, a otro tipo de organizaciones (indígenas, juveniles, de profesionales, universidades y otros) y, por supuesto a los diferentes movimientos sociales que abanderan causas específicas y luchan por las mismas.

En este contexto, se entiende que el ejercicio de la ciudadanía no puede ser concebido como una concesión del Estado, hecha de favor y con carácter tutelar sino más bien como portadora de derechos y deberes, pero esencialmente, como creadora de derechos y generadora de importantes transformaciones a partir de nuevos sujetos políticos y de nuevos espacios de participación política.

�ste accionar resulta fundamental para la consolidación de la democracia, ya que, como todavía sucede en nuestro país, generalmente la voluntad popular no se reconoce plenamente en las decisiones del poder estatal y ello se traduce, además de otros problemas, en la deslegitimación de instrumentos o instituciones políticas vitales, tales como el Poder Judicial.

En definitiva, todo ello redunda en un grave resquebrajamiento de la democracia, por la sencilla razón de que no existe concordancia entre la decisión del Estado y el sentir popular, proporción o correspondencia que sólo es posible en la medida en que la ciudadanía participe directamente en el proceso de adopción de las decisiones de interés público.

En este propósito será necesario tomar en serio una Urgente Sensata Responsable y Estricta reestructuración del �rgano Judicial con el objetivo y misión de incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial y en el fortalecimiento del Estado de Derecho; en su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y la vigencia plena de los derechos humanos, para abrir un espacio válido de discusión y análisis de las necesidades y visiones de diversos colectivos sociales, sobre el actual sistema de administración de justicia y particularmente sobre el Poder Judicial. Tomando en cuenta en su formulación y ejecución, la participación plena y cotidiana de jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, profesionales, universidades y otros colectivos sociales y, a partir de estas distintas experiencias miradas contar con propuestas que respondan a su propia vivencia, a sus legítimas expectativas y a sus preocupaciones para conseguir una verdadera, efectiva y correcta administración de Justicia, de otro lado crecerán los movimientos contra la justicia en el país.