No resultó extraña de modo alguno, la actitud del ministro de la Presidencia saliente al sucesor en el cargo, sugiriéndole que "investigue la ética de los medios de comunicación", se sobrentiende los privados, que debían someterse a una investigación de sus actividades, para encontrarles "faltas a la ética", en una misión que por supuesto no corresponde a ningún ministerio, aunque el de la Presidencia siempre estuvo a la "pesca de cualquier detalle para amedrentar a periodistas y medios", que por su parte informaban sobre las tareas de un atrabiliario funcionario.
El ministro de la presidencia, posiblemente el más controvertido y criticado del último gabinete presidencial, a tiempo de retirarse aprovechó de lanzar otro dardo más contra los medios de prensa independiente, dando a entender que el trabajo de los mismos estuviera fuera del cumplimiento del requisito imprescindible de obrar en el marco de regulaciones internas de las instituciones rectoras del trabajo de medios y de los periodistas.
Pero el caso no podía quedar como una amenaza más contra los derechos que configuran las libertades de expresión y de prensa, que son absolutamente claros y reconocidos en el Art. 107 de la Constitución Política del Estado (CPE), que además señala claramente que cualquier tarea de "investigación" a medios periodísticos corresponde a los tribunales especiales de autorregulación y sus normas pertinentes, desahuciando cualquier tentativa que tenga intereses subalternos para amedrentar al sistema periodístico nacional.
Aunque el caso no deja de ser, ojala el último exabrupto de un personaje político poco amigo de la prensa libre, la reacción correcta y oportuna, surgió en la aclaración del presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Marcelo Miralles I. rechazando la sugerencia del exministro, que en todo caso podría ser más bien el objeto de una investigación planteada por la oposición, sobre una larga lista de hechos que fueron parte de su presencia en el equipo ministerial.
El asunto preocupa si de algún modo se pretendiera vulnerar el derecho a la libre información, precepto constitucional que no puede alterar un funcionario de Estado, menos aún si confronta los principios de respeto a la CPE que se basa en la práctica de una democracia irrestricta en defensa de la opinión pública, que es atributo que permite al pueblo informar e informarse sin restricciones de ninguna índole.
No es posible pensar en un Gobierno que interfiera las actividades de la prensa libre a través de amenazas promovidas en algunas instancias de mando, donde prevalecen prepotencia e intransigencia para evitar críticas responsables que develan actitudes y hechos contrarios a los intereses de la comunidad.
La opinión pública perdería el derecho a informarse sobre la marcha del Estado, si de algún modo se crean barreras que alteren el funcionamiento del aparato democrático que es la fuerza elemental de un gobierno que respeta su Carta Magna, sus leyes y los derechos ciudadanos.
Cuando ya se encamina el trabajo práctico de nuevos dignatarios de Estado, hombres y mujeres, es prudente recordarles que la mejor posibilidad de cumplir con el pueblo, es informándole sin distorsiones sobre la realidad de los hechos que transcurren en el frente oficial y que no pueden "taparse" y menos alterarse con criterios de nivel oficial que tarde o temprano serán revelados por la prensa y los medios que no tienen consignas y sólo responden al derecho de informar a la ciudadanía como corresponde, sólo con la verdad.
Respetar la CPE, es admitir derechos y obligaciones, es decir permitiendo, que unos y otros cumplan las normas, la ética no es excluyente en los medios oficiales.
Fuente: LA PATRIA
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