Domingo 29 de enero de 2017
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Mal comienzo tienen las conversaciones Bolivia-Chile después de las fricciones del agua dulce-agua salada, radicadas en La Haya con abogados muy bien pagados de ambos lados, sin contar los voceros.
Se trata ahora de una iniciativa difícil: un diálogo de cooperación mutua entre el país productor y exportador de droga con el país importador involuntario de esa droga. La Organización Mundial del Comercio jamás había cobijado semejante diálogo.
Hay algo de deshonesto en la postura boliviana, que Chile podría, si quisiera, llevar incluso a La Haya III. Mientras habla de intercambio de información para frenar el tráfico de droga, el gobierno boliviano acelera la aprobación de una ley que aumentará la producción de materia prima para esa droga.
Con mucha razón, los chilenos podrían preguntar si estas negociaciones se van a hacer solamente sobre lo que ocurre en la frontera, o si Bolivia tiene alguna responsabilidad de lo que pasa en su territorio.
Y preguntar, por ejemplo, si la ley boliviana que fija en 12.000 hectáreas la superficie destinada a la coca se cumple, o no. Y si no se cumpliera, quizá preguntar a Bolivia si necesitaría alguna ayuda para hacer cumplir esa y otras leyes dentro de territorio boliviano. Una sugestión que, por supuesto, habrá que rechazar, por atrevida.
