Ahorros sociales en riesgo

La información señala que "el Gobierno usará dinero de los jubilados para ayudar al agro", añadiendo que se trata de impulsar a medianos y pequeños agricultores del oriente (Santa Cruz) a través del nacimiento de un Fondo en el Mercado de Valores, que será respaldado por los ahorros de los jubilados que se encuentran custodiados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Para dar viabilidad legal a la propuesta, las autoridades señalan la Ley de Pensiones 065 en su Art, 140 establece que las AFP "pueden invertir el 5% de los fondos de pensiones en pequeñas y medianas empresas" previo el cumplimiento de algunos requisitos exigibles en el orden de respaldo al crédito otorgado.

La idea en sí es ponderable, pues se trata de crear "un fondo" para asistencia crediticia a los productores agropecuarios para que mejoren sistemas de riego, compra de maquinaria agrícola, ampliación de la frontera productiva y la inversión en insumos para ampliar la seguridad alimentaria.

A propósito de esta interesante, pero delicada propuesta, han surgido voces que muestran justificados temores sobre el uso de recursos que tienen un destino social de alto valor solidario, para cubrir necesidades de ex trabajadores que se acogieron a la jubilación, aportando por muchos años una cuota parte para fortalecer un fondo de tipo "rotativo" que sirve paulatinamente a sus beneficiarios, que no conciben la idea de poner en riesgo tales recursos.

Los analistas económicos, señalan que la desaceleración de la economía boliviana es un hecho innegable, como lo es la preocupación de las autoridades del área económica nacional, que están en busca de recursos para atender los requerimientos de emergencia de sectores como el de los agricultores que en el oriente han sufrido por efectos climatológicos, el caso de inundaciones, en algunos sectores, y todo lo contrario, aguda sequía en otros con una lamentable pérdida de cosechas. En el caso del altiplano, no se mencionan créditos, sin embargo la producción agroganadera de ésta región sufrió por radicales cambios del clima, el efecto de La Niña y los perjuicios por la desaparición de dos lagos y de enorme superficie de sembradíos tradicionales.

Pero el tema en este caso es que los fondos de los asalariados, para compensar el retiro de vejez, no pueden ponerse en riesgo, aunque así lo determine una normativa, que lamentablemente, según los interesados no está debidamente reglamentada como para disponer recursos cuyo retorno se torna incierto, precisamente por las contingencias propias de la agroganadería.

La observación que ha hecho el sector de jubilados y que asume la COB en defensa de tales recursos es comprensible y debería ser atendible pues sabiendo de múltiples problemas en la administración de empresas que funcionan con fondos de la administración pública, no es pertinente que se toque fondos sumamente "sensibles" en su destino social.

Sería prudente que la idea del fondo agrícola se sostenga, pero con dinero del TGN, un porcentaje de las reservas estratégicas que debería servir para fines de apoyo a la productividad en general.

Fuente: LA PATRIA